Recuerdo que de niña, cuando vivía en mi natal San Pedro de Macorís, los apagones eran más que una noticia: una rutina. Largas horas sin electricidad, tandas que se extendían entre velas y abanicos de cartón improvisados, noches interrumpidas por el calor y la incertidumbre de no saber cuándo regresaría la “luz”.

También recuerdo que nos sentábamos afuera y, de repente, volvía la energía eléctrica. Primero un parpadeo. Luego, las bombillas encendiéndose una a una. Y entonces, como si se tratara de una celebración colectiva, los gritos que salían de todas las casas al mismo tiempo: “¡Llegó la luz!”.

Había aplausos. Había risas. Había alivio. Era una escena que mezclaba precariedad con esperanza. La falta era normal, pero el regreso se celebraba como un pequeño triunfo.

Hoy, en pleno 2026, ya no se celebra con la inocencia de entonces. Se recibe con frustración y con la sensación de que ese viejo problema, décadas después, sigue sin resolverse de raíz.

Este lunes 23 de febrero de 2026, a las 10:50 de la mañana, una falla en la línea de transmisión 138 Hainamosa–Villa Duarte provocó un segundo apagón generalizado en toda República Dominicana. El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) dejó de operar con normalidad y, en cuestión de segundos, millones de hogares, negocios y servicios públicos se quedaron sin energía.

Según el Ministerio de Energía y Minas, un problema técnico en esa línea de alta tensión “salió del sistema”, lo que llevó a que gran parte de la generación y transmisión colapsara.

Durante varias horas, el nivel de generación cayó por debajo del 20 % de lo programado, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia para estabilizar la red.

El apagón no fue parcial: afectó a todo el país. Sectores urbanos, residenciales y zonas turísticas se quedaron sin luz, incluyendo la capital, Santo Domingo.

Los efectos se sintieron de inmediato: semáforos apagados y tráfico detenido en horas pico; paralización de negocios y oficinas que dependen de energía para operar; y medios de transporte público, incluyendo estaciones del Metro de Santo Domingo, con interrupciones parciales en el servicio.

Hospitales, aeropuertos y sistemas de agua se mantuvieron operativos gracias a generadores de emergencia, aunque la incertidumbre marcó las primeras horas.

Para media tarde, tras las labores de reconexión, alrededor de un 30 % del sistema eléctrico había vuelto a operar, según informó el Gobierno.

Este es el segundo apagón generalizado en menos de cuatro meses, luego de un incidente similar ocurrido en noviembre de 2025 que dejó al país varias horas sin electricidad y afectó servicios esenciales.

La electricidad no es un lujo: es un servicio esencial que sostiene la vida moderna. Su estabilidad o la falta de ella, es un indicador del funcionamiento de un país. Un apagón prolongado no solo apaga bombillas:

Detiene la producción y los negocios, reduciendo ingresos y afectando empleos.

Complica la atención sanitaria y educativa.

Dificulta la movilidad urbana y la seguridad ciudadana.

Inhibe la inversión, que depende de infraestructura confiable.

El apagón también impacta directamente a la ciudadanía, especialmente a quienes pagan altas facturas eléctricas. Cuando el servicio se interrumpe por horas a nivel nacional, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se reflejará ese tiempo sin energía en la facturación de fin de mes?

Aunque el consumo se mide por energía utilizada, la tarifa incluye cargos fijos que no desaparecen con el apagón. Esto alimenta la percepción de que se paga por un servicio que no se recibe con la continuidad esperada.

Un apagón nacional no es un evento menor. Es una falla sistémica.

Si una avería en una línea de transmisión es suficiente para sacar de operación gran parte del sistema eléctrico, el problema no es únicamente la falla puntual, sino la capacidad de respuesta, la redundancia de la red y la planificación a largo plazo.

La infraestructura eléctrica es un componente estratégico del desarrollo. Sin estabilidad energética no hay competitividad, no hay seguridad para la inversión ni garantía de continuidad operativa para los sectores productivos.

Lo ocurrido hoy exige explicaciones técnicas claras, un cronograma de corrección verificable y medidas concretas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

En pleno siglo XXI la discusión no debe centrarse en cuándo se restableció el servicio, sino en qué se hará para que el sistema no vuelva a colapsar de manera generalizada.

Ese es el estándar que corresponde a un país que aspira a funcionar con normalidad.