Turismo ecológico
Camping en Valle Nuevo: la punta del iceberg
La preocupación surge cuando se adopta una política pública que termina convirtiéndose, en la práctica, en una política de restricción para las grandes mayorías.
Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo)
En las montañas ocurre algo curioso: las diferencias sociales desaparecen. En un camping o haciendo senderismo puedes perfectamente encontrarte compartiendo un café, una fogata o una partida de dominó con un empresario, un estudiante universitario, un guardaparques o un agricultor. Allí, lejos del ruido de la ciudad, el estatus pierde importancia y emerge algo mucho más esencial: la solidaridad, la sencillez y la conexión humana.
Esa es una de las grandes bondades del senderismo y del camping. No se trata únicamente de recreación. Diversos estudios han demostrado que el contacto con la naturaleza reduce el estrés, mejora la salud mental, fortalece los vínculos sociales y ayuda a combatir la ansiedad y el agotamiento provocado por la vida urbana y la hiperconectividad digital. Teorías ampliamente estudiadas, como la hipótesis de la biofilia —que sostiene que el ser humano posee una conexión innata con la naturaleza— o la teoría de la restauración de la atención, explican cómo los entornos naturales ayudan a recuperar el equilibrio emocional y mental frente a la saturación de estímulos de la vida moderna. Después de la pandemia del COVID-19, este fenómeno se aceleró en todo el mundo, y la República Dominicana no ha sido la excepción.
En los últimos años, en el país ha crecido notablemente el interés por las actividades al aire libre: senderismo, camping, overlanding, ciclismo de montaña y turismo ecológico. Las propias estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente reflejan ese cambio. Mientras en 2021 las áreas protegidas del país recibieron poco más de 308 mil visitantes nacionales, para 2025 la cifra ascendió a más de 773 mil dominicanos, lo que representa un crecimiento superior al 150 % en apenas cuatro años. Esto evidencia una realidad clara: cada vez más personas buscan espacios naturales para desconectarse del ritmo acelerado de las ciudades y reconectarse con la naturaleza.
Precisamente por eso preocupa profundamente el modelo que comenzó a implementarse en Valle Nuevo a partir del primero (1) de abril de este año con el manejo del área de camping de Jardín del Edén, una infraestructura desarrollada mediante una inversión superior a los RD$22 millones realizada por el Estado dominicano y posteriormente entregada en concesión a una empresa privada para su gestión. Durante las últimas semanas ha sido tema de debate lo que allí está ocurriendo, y pienso que la discusión no debe centrarse en la necesidad de organización, control ambiental o mejora de servicios. Todo lo contrario: cualquier iniciativa que fortalezca la protección del parque, el manejo de residuos, la seguridad y el orden debe ser bienvenida.
La preocupación surge cuando se adopta una política pública que termina convirtiéndose, en la práctica, en una política de restricción para las grandes mayorías. Pernoctar en Valle Nuevo fue históricamente accesible para la población y hoy comienza a depender de un esquema de concesión privada y costos que excluyen a muchos dominicanos de vivir esta experiencia. Incluso sectores vinculados al turismo local, como la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), filial Constanza, han expresado preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el acceso equitativo al parque, el turismo ecológico y la economía local de Constanza.
Si el costo de acampada se vuelve restrictivo para las personas, el parque deja de ser un patrimonio nacional para empezar a percibirse, en la práctica, como un club exclusivo que sólo pueden costear unos pocos, convirtiéndose en un privilegio de clases.
Y ahí es donde Valle Nuevo podría representar mucho más que un caso aislado. Podría convertirse en la punta del iceberg de un precedente peligroso sobre el futuro manejo de las áreas protegidas del país, ante la intención desde el Ministerio de Medio Ambiente de replicar este modelo en otras áreas protegidas del territorio nacional.
Porque si el acceso a la naturaleza comienza a depender cada vez más de la capacidad económica de las personas, entonces corremos el riesgo de transformar espacios públicos y patrimonios colectivos en experiencias reservadas para unos pocos.
La conservación ambiental de la madre de las aguas y de todas nuestras áreas protegidas es indispensable e innegociable. Pero esa necesaria protección no debe utilizarse como sombrilla para justificar, en la práctica, la exclusión del derecho del pueblo dominicano a disfrutar responsablemente de la naturaleza.