¡Hola, mi querido Magino! Usted sabe, viejito charlatán, que el coctelero favorece una reforma constitucional, aún cuando, en varias ocasiones, se ha pronunciado por una Constituyente para hacer los cambios de lugar.

Justo es decir, caro amigo, que el presidente Leonel Fernández tiene una cachaza oriental, pues sigue adelante en sus esfuerzos por dotar al país de una Carta Magna moderna, que satisfaga los requerimientos actuales. Y digo lo de cachaza, porque el presidente lo que más tiene que escuchar, con razón o sin ella, es que se le exige que impulse programas dirigidos a una inmediata recuperación de la economía o una racionalización del gasto público y de las obras públicas. O que apriete la caña en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Maginito, felizmente, el jefe del Estado está consciente de que la base constitucional y legal del país reclama cambios sustanciales y no se le aprieta el pecho para buscarlos, con el auxilio de la propia sociedad, a cuyos más connotados grupos de presión recurre para oír pareceres…

El Coctelero no es de aquellos que creen que la reforma constitucional tiene que versar, exclusivamente, en relación a la duración del período presidencial o a la reducción de los poderes concebidos al mandatario por virtud del artículo 55 de la Carta Sustantiva, poderes que, por otra parte, en ocasiones se quieren convertir en leyendas. Si bien es cierto que el mandato presidencial y el supuesto exceso de facultades otorgados al jefe de la administración pública son temas de gran importancia, las reformas a la Constitución tienen que contemplar enunciados vitales vinculados a la nacionalidad, a la salud, a la educación, al Poder Judicial, a los derechos de la persona humana y sus garantías, entre otras cosas, enunciados que serían regulados por leyes adjetivas, ya que la citada Constitución no puede extenderse tanto como las Memorias de Rocambole… Independientemente de esas reformas, mi querido viejo, el país tiene que adecuarse a la implementación de leyes que destierren instrumentos que pudieron desempeñar su papel en épocas remotas, aunque algunos también fueran usados en forma caprichosa y canallesca por gobiernos con visos dictatoriales. Por eso, Maginito querido, respaldo con todo entusiasmo la propuesta formulada por el presidente Fernández, para crear un Código de la Comunicación de la República Dominicana así como también un Código de la Cultura. Es claro, muy claro, que el avance de las comunicaciones en el país, en los últimos años, reclama de leyes modernas, respetuosas de las libertades públicas y de los derechos humanos. Por eso, viejo querido, es lógico que se piense en dictar instrumentos que regulen la radio, la televisión y la publicidad, teniendo siempre el cuidado extremo de no tocar áreas que vulneren las libertades públicas, pero sí que preserven la decencia por encima de todas las cosas. De igual manera se contempla la modificación o reemplazo de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que data de 1962, y que el presidente Fernández conoce mejor que cualquiera otra persona, por haber lidiado con ella en sus actuaciones en los tribunales, en su calidad de abogado… Es aplaudible que producto de esos cambios, desaparezca la malhadada Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, así como el Reglamento 824, adefesios que deberían avergonzarnos a todos, así como que también se introduzcan las reformas a las leyes de Telecomunicaciones, que gobiernos abusadores usaron para cercenar libertades públicas con la aplicación de medidas puramente administrativas como sanciones a quienes no se plegaban a sus exigencias. Hay que hacer constar que el salto que ha dado la televisión en el país es algo prácticamente dramático y las pocas regulaciones que puedan existir datan de los días en que la radio era el vehículo más poderoso. Hoy este país dispone de más canales comerciales que cualquiera grande potencia europea, sin contar las estaciones que operan por cables nacionales y los que llamaríamos municipales. Eso es algo que no se puede dejar por la libre, pues hay una responsabilidad frente al usuario que compra el servicio… Entiendo que el mandatario tiene toda la razón cuando se refiere a la Ley de Clasificación de la Información. Sé que eso nos desagrada a los periodistas, que preferimos la rumba abierta para baile. Pero es muy claro que los Estados necesitan proteger cierto tipo de información. Eso no significa, sin embargo, que se respalde la práctica pusilánime que siguen algunos funcionarios, que consideran secreto de Estado hasta el robo de unos cuantos galones de gasolina en la dependencia que administran. Estoy de acuerdo, empero, que algunas informaciones tienen que ser “protegidas” por un período determinado. Fíjese usted, Magino, que en Estados Unidos, el país donde más información se consigue -aunque también aparece la desinformación- todavía hay material vinculado con la participación norteamericana contra dictaduras latinoamericanas que no se ha puesto al servicio público. Creo, Magino, que debemos respaldar el proyectado Código de la Información y reclamar que éste sea un instrumento de avance, de progreso y de libertad.