La noche del martes 7 de abril, el presidente Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán para que abriera el estrecho de Ormuz, acompañado de una retórica inusual en un líder estadounidense; dijo que una "civilización entera" moría, dejando entrever que arrasaría con la República Islámica. La advertencia generó preocupación a nivel global, sobre todo por un detalle inquietante, ya que en la víspera el avión E-4B, conocido como el "avión del juicio final", diseñado para que el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Defensa mantengan el control del mando militar ante una posible guerra total, sobrevoló Nebraska, lo que hizo pensar a muchos que la administración estaría preparando un ataque nuclear contra Irán.

No obstante, lo que parecía una escalada irreversible entre Estados Unidos e Irán tuvo un giro inesperado cuando, por mediación de Pakistán, se anunció al final de la tarde del martes que Washington extendería la tregua dos semanas más para buscar una salida negociada al conflicto, propuesta que fue aceptada por el liderazgo iraní.

Apenas un día después de anunciada la tregua comenzaron a aflorar disensos que evidencian la fragilidad de la vía diplomática entre las partes en conflicto. El miércoles 8 de abril, Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, afirmó que Washington había incumplido aspectos esenciales de la propuesta, entre ellos la continuidad de la ofensiva israelí en Líbano, las incursiones de drones estadounidenses en el espacio aéreo iraní y la negativa a reconocer el derecho de Irán a enriquecer uranio.

Por tal motivo, los agentes del mercado petrolero observan con escepticismo el curso de las negociaciones entre Washington, Teherán y Pakistán este fin de semana, por lo que persiste el temor de que la cadena de suministro de crudo tarde un tiempo considerable en volver a la normalidad.

El pasado jueves el Financial Times dio a conocer que el tipo de crudo Forties Blend, indicador clave del petróleo del Mar del Norte para entrega inmediata, alcanzó casi los 147 dólares por barril en el mercado spot, un precio que no se registraba desde 2008. Los operadores se disputan desesperadamente cargamentos para reemplazar los enormes volúmenes que permanecen atrapados en el Golfo por la interrupción del suministro de crudo por el estrecho de Ormuz.

El general prusiano Carl von Clausewitz sostuvo en De la guerra que un conflicto bélico es un acto de fuerza destinado a imponer la propia voluntad al adversario. Bajo esa lógica, el panorama resulta poco alentador para Washington e Israel: tras 43 días de operaciones militares conjuntas, no han logrado doblegar plenamente al régimen de los ayatolás, pese a haber ejecutado ataques devastadores que eliminaron a importantes dirigentes políticos y militares, en particular al líder supremo, Alí Jamenei, y destruyeron buena parte de la infraestructura nuclear y energética iraní. En ese contexto, cobra especial vigencia la observación de Fred Halliday, reconocido especialista en Relaciones Internacionales, quien, en su ensayo de 2007, Contexto sociopolítico: la política interna iraní y sus efectos en su política exterior, recogió una frase atribuida a Jamenei que resume la lógica de resistencia del régimen: “Nosotros, los revolucionarios islámicos, no somos como Salvador Allende; a nosotros no pueden liquidarnos con una simple bocanada de humo de la CIA”.

Cuando por medio de la fuerza no se ha logrado alcanzar el objetivo político, la negociación se convierte en un ejercicio entre partes que no se reconocen derrotadas, lo que hace más difícil el camino hacia la paz. Frente a esta coyuntura, conviene precisar que los puntos más espinosos sobre la mesa son el programa nuclear iraní, el programa de misiles balísticos y el financiamiento a organizaciones islámicas afines a Teherán como Hezbolá, los hutíes y los grupos radicales chiítas en Irak. De los tres, el más difícil, y el que constituye la causa principal del conflicto actual, es el programa nuclear. Estados Unidos propone que Irán cese el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, Teherán rechaza de plano esta propuesta al considerarla una humillación.

Irán, por su parte, exige como prerrequisitos un alto al fuego en Líbano, la liberación de activos congelados por Occidente, reparación por los daños causados durante el conflicto y el control sobre el estrecho de Ormuz. Washington rechaza estas propuestas. Por tanto, Trump mantiene la amenaza de un ataque devastador sobre Irán si las negociaciones que se llevan a cabo en Pakistán fracasan.

Mientras tanto, cada día que pasa con el suministro de crudo interrumpido acumula presión sobre una crisis petrolera que ya se acerca a umbrales históricos, con la consecuente amenaza de escasez de combustibles en el mercado internacional.

Aunque los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE), liderados por Estados Unidos, han coordinado la liberación de más de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para contener el alza de los precios, la prolongación del conflicto entre Estados Unidos e Irán podría agotar su capacidad de respuesta y reducir significativamente su margen para compensar la drástica reducción de la oferta provocada por la escalada bélica. En esa misma línea, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió durante su intervención en las Reuniones de Primavera de 2026 en Washington que el conflicto en Medio Oriente ha reducido en 13 % la oferta mundial de crudo, lo que equivale a casi 14 millones de barriles diarios.

En un país como la República Dominicana, que depende por completo de las importaciones de hidrocarburos para satisfacer la demanda doméstica, el impacto de la crisis energética global es directo. En estos 43 días de conflicto entre Estados Unidos e Irán, la factura petrolera del país se ha incrementado en más de 250 millones de dólares.

Si la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán se prolonga, los precios del crudo podrían superar los 200 dólares por barril. En un escenario como este, aumentarían de manera exorbitante los costos del transporte, la producción de bienes y servicios y, en consecuencia, la canasta básica. Asimismo, esta presión tensaría la capacidad de los gobiernos para sostener los subsidios energéticos y absorber el incremento de la factura petrolera sin comprometer el equilibrio fiscal, lo que podría representar un serio desafío para la gobernabilidad.