La República Dominicana cerró el año 2025 en un clima político particularmente inquietante. Si bien el país ha enfrentado dificultades económicas y tensiones sociales, el malestar actual remite a algo más profundo: una crisis de confianza que golpea directamente el corazón de la política democrática y que se proyectará hacia el debate electoral y el futuro institucional del país.

En lo que va del gobierno del presidente Luis Abinader, dirigentes importantes del partido de gobierno que ocupaban posiciones relevantes en el aparato estatal han sido requeridos por las autoridades de los Estados Unidos para responder judicialmente por graves delitos vinculados al narcotráfico. A ello se suma ahora un hecho que ha provocado una indignación generalizada: el escándalo del Seguro Nacional de Salud, donde las autoridades judiciales han señalado un desfalco superior a los quince mil millones de pesos.

Por su magnitud económica y, sobre todo, por estar directamente vinculado al derecho a la salud, este caso marca un punto de inflexión. Ya no se trata únicamente de malversación de fondos públicos, sino de la percepción de un daño directo a la población más vulnerable. Esto eleva de manera significativa el costo político del escándalo y multiplica su impacto social.

Robar recursos públicos siempre es grave. Sin embargo, cuando esos recursos estaban destinados a garantizar atención médica, medicamentos y protección social, el daño adquiere una dimensión moral distinta. La corrupción deja de percibirse como un abuso administrativo para convertirse, a los ojos de la ciudadanía, en un acto profundamente inhumano.

Esto ayuda a entender por qué la reacción social ha sido tan intensa. La ciudadanía no solo se pregunta quién robó, sino cómo fue posible que ocurriera. Cómo una institución clave del sistema de salud pudo ser saqueada sin que los mecanismos de control actuaran oportunamente. Cómo montos de tal magnitud pudieron pasar inadvertidos durante tanto tiempo. Y, sobre todo, quién asume la responsabilidad política por ese fracaso.

Aquí emerge el problema de fondo. La lucha contra la corrupción no puede reducirse a dejar que los hechos estallen y luego delegarlo todo en el Ministerio Público. La judicialización es indispensable, pero no sustituye la responsabilidad política. Gobernar implica prever, supervisar y corregir. Cuando los controles fallan de manera reiterada, la explicación deja de ser exclusivamente penal y se convierte en un problema institucional.

Más aún, cuando los escándalos se producen durante el ejercicio del poder de un partido que llegó al gobierno levantando posiciones éticas —basado en transparencia, institucionalidad y distanciamiento de prácticas del pasado— el daño es mayor. Se genera un problema de credibilidad estructural, y la credibilidad, una vez erosionada, es extremadamente difícil de reconstruir.

Lo más preocupante de lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana no es solo el impacto sobre un partido o un gobierno en particular, sino la erosión de la fe en la política como herramienta de cambio. Ese es el daño más profundo.

La experiencia latinoamericana es clara: cuando los ciudadanos se convencen de que la corrupción se ha vuelto sistémica o tolerada, el resultado no es únicamente alternancia electoral. Surgen la apatía, la abstención, la radicalización del discurso y la apertura a soluciones autoritarias que prometen orden a cambio de libertades. Ningún país sale fortalecido de ese proceso.

La República Dominicana ha construido, con avances y retrocesos, un sistema de partidos que ha sido clave para la estabilidad democrática de las últimas décadas. Sin embargo, ese sistema no es inmune. Si la política se percibe como un espacio dominado por el abuso y la impunidad, el electorado puede optar por dos caminos igualmente riesgosos: la retirada silenciosa o el apoyo a opciones que ofrecen soluciones simples a problemas complejos.

Lo que ha venido ocurriendo en el actual ejercicio del poder, no solo debilita al Gobierno; pone en riesgo la legitimidad misma de la democracia. El desafío que el país tiene por delante en este 2026 ya no es solo castigar a los culpables, sino reconstruir la credibilidad institucional, fortalecer la prevención y asumir responsabilidades políticas claras. El costo de no hacerlo no será coyuntural: será estructural y de largo plazo.