Desconexión representativa

Hay días en que quisiera saber en cuál país creen vivir quienes dicen representarnos. Hablan y actúan como si, en su mundo, la desconexión fuera parte del deber ser, y gobernar de espaldas a la gente, lo correcto.

Hace poco, una diputada, pastora, además, declaró que las personas se casan para tener relaciones sexuales y que, por eso, la violación dentro del matrimonio no debía considerarse delito en el Código Penal que se debatía. Lo dijo con la impasibilidad de quien confunde legislar con imponer su credo sobre el cuerpo ajeno.

La misma voz que niega la violencia conyugal propone ahora que el salario mínimo de los y las diputadas sea de quinientos mil pesos mensuales. Quinientos mil. En un país donde una maestra gana poco más del diez por ciento de esa suma y donde muchas familias sobreviven con la mitad de ese 10 %. O con mucho menos.

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Otra legisladora propuso indultar a quienes practicaran o facilitaran abortos en menores de edad que expresaran no querer continuar con el embarazo. Recordemos que esas niñas son víctimas de violación o incesto.

El sentido común —y la humanidad— bastarían para entender que lo que necesitan es justicia y acompañamiento, no un debate moral lleno de eufemismos. Pero, como suele pasar cuando el poder se impone sobre el criterio, cuando falta conciencia y el miedo a perder privilegios pesa más que más que el deber de hacer lo correcto, la diputada terminó retirando su propuesta.

No se trata de acciones aisladas, sino del reflejo de la profunda desconexión entre el poder y la gente. Legisladores que legislan para su propio provecho, incapaces de mirar más allá de sus intereses inmediatos. Políticos que olvidan que representar no es mandar, sino servir.

Representar significa encarnar la voz del pueblo, comprender su dolor y su urgencia. Tener los pies en la tierra y la mirada en la gente. Pero aquí, con demasiada frecuencia, significa vivir del pueblo y darle la espalda.

En tanto no aprendamos a elegir con criterio, tendremos un Congreso que habla de Dios, pero olvida la justicia; que se arropa con moral, mientras ignora el hambre y la desigualdad; que entiende al poder como impunidad.

El deterioro del pensamiento crítico y la ligereza con que elegimos a los habitantes del hemiciclo, han producido una representación que roza la burla. Decidimos con la barriga, no con la cabeza. Votamos por simpatías, por promesas inmediatas, por lealtades mal entendidas. Confundimos carisma con capacidad y religiosidad con rectitud.

Y luego nos sorprendemos cuando usan la ley para su beneficio y no para el bien común.

Quizás ha llegado la hora de exigir más nuestros representantes. Porque el poder público no es propiedad privada, ni el voto una moneda de intercambio. El poder que se otorga a través del voto es un contrato moral. Y traicionarlo destruye no solo la democracia, sino también nuestra dignidad colectiva.