Sin pecado original

Aunque al final de cuentas la Junta Central Electoral vigente ha hecho un trabajo encomiable, no pudo evitar que cada uno de sus actos despertara suspicacia.

Este marco de sospecha siempre estuvo justificado en el hecho de que la selección de los miembros de la JCE fue de origen pecaminoso, por medio de un proceso manipulado por fuerzas políticas.

Por suerte o porque este país no resistiría desmanes como los que enturbiaban los procesos electorales de antaño, mal que bien los miembros de este tribunal se decidieron por hacer un trabajo encomiable.

Para esta época, el curso de los procesos institucionales coloca al país de frente a la necesidad de remozar la composición de la JCE, lo cual no anula la posibilidad de que se pueda considerar la confirmación de alguno de los actuales miembros.

– II –

Lo mejor que puede ocurrirnos es que recurramos a la sensatez y permitamos que el más amplio consenso de fuerzas sociales y políticas se encargue de proponer a las personalidades que deberán ocupar los puestos de la JCE.

Los ciudadanos de este país, a través del voto en los últimos dos ejercicios democráticos, han trazado no sólo el camino que desean para la vida institucional del país, sino también, de manera específica, han marcado todo cuanto rechazan de manera resuelta y decidida, en términos de manipulaciones políticas.

Por razones no necesariamente políticas o electorales, muchas de las cuales tienen que ver con el papel que nos corresponde en el esquema global, el país está obligado a decidirse por la transparencia y el fortalecimiento de sus instituciones. Es un proceso de cambios que está, felizmente, por encima de las voluntades y ambiciones de los políticos y otros grupos de la sociedad.

Por esas razones, nos corresponde escoger para la JCE una membresía resultante del consenso más amplio y con garantía de que está exenta de pecado de origen.

Ordeño
En un ejercicio de cierre con broche de oro, regidores que no lograron reelegirse se han fijado jugosas pensiones que no se corresponden con los pobres aportes hechos a los municipios que representan.

La pensión pública debería tener por finalidad reconocer los méritos de la gente que realmente le ha servido a su comunidad y a través de éstas al Estado.

El erario no puede seguir siendo considerado como una vaca silvestre y sin dueño de cuyas ubres todo el mundo se aprovecha.

Deberían existir medios institucionales que permitan revocar toda pensión o remuneración a personas que no hayan aportado nada al país, sobre todo si su inventario de realizaciones se puede contar con los dedos de una mano, y sobran dedos.