Una de las grandes ideas que aporta Huntington en su libro Choque de Civilizaciones es lo que distingue a la barbarie de la civilización; el Estado de derecho. Una noción precisa que define cómo actúan los seres humanos y las instituciones en las democracias liberales. Por supuesto, son categorías abstractas: el eterno debate filosófico entre el ser y el deber ser, donde surgen contradicciones en una realidad inevitable. Sobre todo, en un país con escasa cultura democrática como República Dominicana. 

La Policía Nacional parece encarnar esa contradicción. Existen dos mundos paralelos. Por un lado, se impulsa una reforma profunda encabezada por el comisionado designado por el presidente Abinader mediante decreto 52-24, Luis Ernesto García Hernández. Una reforma que implica un cambio radical en la filosofía institucional: superar lo que le queda de autoritario al “orden y disciplina” para construir una uniformada que proteja y sirva a los ciudadanos, tal como se concibe en países desarrollados. 

Hay que reconocer que hubo una mejora sustancial de las condiciones laborales, demanda antiquísima que fue prometida y cumplida por el presidente Abinader, igualmente de la inclusión del seguro de salud, nuevos parámetros de uso de la fuerza, entre otros aspectos positivos. 

Esos cambios, como también las reuniones frecuentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (la mesa de trabajo de las instituciones que velan por la seguridad) se han visto reflejado en la tendencia decreciente de la tasa de homicidios, que cerró en 2025 en 8.15 por cada 100,000 habitantes. En términos comparativos, estamos en una situación envidiable cómo se compara con otros países de la región como Colombia, Ecuador, Jamaica y Honduras (25.2; 42.5; 45.2; 34.8). Como se puede apreciar en los datos revelados por la ministra de Interior Faride Raful. Estadísticas que sustentan instituciones de credibilidad como Insight Crime. 

Sin embargo, al mismo tiempo parece que se genera desde adentro una contrarreforma que refleja una deriva autoritaria y peligrosa con prácticas que en nada reflejan la educación y la modernidad que se impulsa en los cuerpos castrenses. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), recopilados en un trabajo realizado por el periodista de Diario Libre Balbiery Rosario, los intercambios de disparos o en buen dominicano, el “darle pa’bajo” a los “delincuentes”, por parte de la Policía Nacional, se han incrementado en casi doscientos por ciento en los últimos cinco años. Pasando de 208 a 334, entre 2019 y 2024. Solo el año pasado 189 personas perdieron la vida en manos de la policía. 

Los asesinatos de la policía se multiplican y no se incluyen dentro de la categoría de “homicidios voluntarios” que es lo que refleja la tasa de homicidios. Se incluyen dentro de la categoría de homicidios involuntarios. Lo que crea una distorsión porque presenta dos categorías de un mismo hecho letal. Casos recientes ilustran trágicamente estas cifras. Ramsel Junior García de 25 años, ultimado en pleno diciembre cuando intervinieron en una escena sin el protocolo adecuado en una cena navideña de motoconchistas. 

Miguel Ángel Miranda Flete de 23 años fue abatido a quemarropa en una fiesta callejera en la Ceibita de Pekín, Santiago. Otro caso dramático ocurrió con José Vladimir Valerio Estévez, de apenas 25 años, hoy yace varios metros bajo tierra producto de un “intercambio de disparos”. Fue tan escandaloso y desgarrador lo ocurrido en su peluquería en Santiago que el propio Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), calificó públicamente el hecho como una ejecución extrajudicial, juntamente con el joven, otras cuatro personas fueron asesinadas. 

Sé que en ningún país civilizado las fuerzas del orden lanzan flores cuando son desafiadas, mucho menos por delincuentes armados y desaprensivos. Pero en la mayoría de estos casos hablamos de personas cuya hoja de vida se desconoce y que, hasta prueba en contrario, –que deben establecer los tribunales, no la policía por sus propias manos– se recogen testimonios muy positivos en sus comunidades. Además, las investigaciones sobre los agentes involucrados parecen dormir el sueño eterno. ¿Cómo puede explicarse que, mientras se presenta un gran avance como la reducción de la tasa de homicidios, se incremente de manera desproporcionada la cantidad de asesinatos en manos de las fuerzas del orden?

Urge frenar esa mala práctica que contrasta con los esfuerzos por adecentar las instituciones del orden. No podemos ver muy lejos lo que desgraciadamente ha ocurrido a otros, como dice el viejo refrán, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nadie está exento de ser víctima de esa barbarie. La reforma policial no debe ser selectiva ni cosmética. Si aspiramos a un verdadero Estado de derecho el progreso en la reducción de homicidios generales no debe construirse a costa de vidas sesgadas.