CARMEN IMBERT BRUGAL
Gracias a la decisión libérrima del electorado, un dominicano, mayor de treinta años, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que no esté en servicio militar o policial, se convierte en Presidente de laRepública, jefe de la Administración pública, jefe supremode las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales. Proclamado por la Asamblea Nacional, el mandatarioprocederá a conformar su gabinete.

Le corresponde designarlos Secretarios y Subsecretarios de Estado y a los demásfuncionarios y empleados públicos cuyo nombramiento no seatribuya a ningún otro poder. (artículo 55, Constitución dela República Dominicana).

Delicada labor es la asignación de puestos públicos.Indudable la influencia de la subjetividad en el decreto,sin embargo, la modernidad reniega de los equipos servilesy apuesta a las personas capaces.

El acierto o yerro de ladecisión presidencial estará en el desempeño del trabajoencomendado.

Un mandón proclamaba: en cada hombre comúntengo un colaborador y un futuro subordinado.

Válida laproclama cuando el gobernante controla desde la impresiónde un sello postal hasta la privación de la libertad y elservidor público es un lacayo, o la excusa para certificarel poder unipersonal. Ya no es así, el funcionario debeapostar más a su prestigio y al bien común que al agrado desu mandante o a caprichos de sectores influyentes.

Losinconvenientes laborales quedarán resueltos con la renunciao la destitución del designado.

¿Qué distingue a un funcionario de otro, en un país dondela carrera administrativa es ilusión y los requisitos parael trabajo público escasos? El funcionariado dominicano eshechura de la práctica.

Asume el cargo, en ocasiones, unazorado profesional o un dirigente político, sin percepciónde la importancia del oficio.

Unos aprenden, otros no.

Funciones harto difíciles son atribuidas a personas queapenas cumplen con el precepto constitucional que exige:ser dominicano, mayor de edad, tener una licenciatura ycarecer de prontuario delictivo.

A veces basta, a veces noes suficiente.

Existe un manual no escrito que pauta el comportamiento delservidor público. Compendio de buenas maneras y virtudes.

La diferencia entre un buen funcionario y otro, estará enla asunción de esas premisas.

El trabajo público escompromiso y dependencia. No se ejecuta para lustrepersonal. Es arriesgado, sacrificado, conllevarestricciones sociales y económicas. El cambio de vidaadviene, desde la toma de posesión, aunque aquí ocurra locontrario y el decreto, o la elección, signifiquen disfruteinmediato de privilegios ilegales.La prudencia no es característica del alma nacional, si talcosa existiera. Baltasar Gracián la considera un arte.Estudió esa virtud hasta legar un tratado que pervive através de los siglos.

Vale esa prenda del comportamiento,en la administración pública, sólo cuando el temor acecha.Durante los periodos de represión florecen virtudes por elmiedo a la represalia.

Un funcionario cabal incorporadeterminadas actitudes para responder a las demandaspúblicas de las cuales depende. Se presume ejemplo demesura e idoneidad. Apto para transmitir confianza ymerecer respeto.La chabacanería no conjura el patrón autoritario, sirvepara reeditarlo con otra máscara.

Confundir la forma con elfondo, distraer con la reyerta es inapropiado.

Entretieneal colectivo pero distorsiona la investidura.

Latransformación del procedimiento penal dominicano no prevéel pleito en la plaza ni la trifulca propia de leguleyos.

No incluye el careo entre autoridad e imputado, como si setratare de una pendencia privada.

La eliminación de losresiduos del sistema inquisitorio no significa sustituciónde escenario para discutir la pertinencia de una medidacoercitiva entre quien la ordena y quien la cumple. Tampocosignifica que la autoridad correspondiente tenga quedefenderse, justificar diligencias oficiales y denunciaramenazas como si careciera de mando.

Transparencia no es chisme. Información pública no esdetallar estrategias de seguridad.

La prudencia, el sentidode oportunidad, no deshonran un servicio público, lofortalecen. Permiten la comparación entre distintasadministraciones.

No es más democrática una persona conresponsabilidades de estado por el número de entrevistas que concede.

El uso excesivo de la palabra es más nocivo que la moderación. ¿Quién ha dicho que el funcionario tiene que ser parlanchíny busca pleitos, ostentoso o abusador? ¿Por qué mezclartransparencia con cháchara y provocación? En los espacios gubernamentales la bullangueradominicanidad no cabe.

La incontinencia verbal es peligrosa. Imprudente. Desnuda el alma y retrata la estirpede quien la padece.

Los procesos penales se resuelven enlos tribunales, deben iniciarse después del denodado esfuerzo del Ministerio Público.

Si la fanfarronería ocupaestamentos públicos, con trascendentales decisionespendientes, la credibilidad se desvanecerá.

Revaluemos lapalabra para utilizarla menos.

La chabacana locuacidadpública ha ocasionado daños.

¿No bastó aquel despilfarroverbal para aprender el valor del silencio oportuno?