Por Paíno Abreu Collado

Mediante un artículo publicado en el periódico Hoy del Lunes 26 de enero de 2026, entra al ruedo de la discusión sobre el origen de la Ley 64-00 el distinguido amigo y exministro de Agricultura, ingeniero. Domingo Marte.

Con Domingo Marte he tenido el privilegio de trabajar y compartir en varias ocasiones. Él, junto a don Luis Crouch, extraordinario ser humano cubano-dominicano que participó en amplias y diversas iniciativas de desarrollo en nuestro país —destacándose entre otras las correspondientes al sector agropecuario y forestal—, me hicieron el honor de seleccionarme para asumir la coordinación de los trabajos que permitieron la formulación y aprobación en el Congreso Nacional del proyecto que se convertiría en Ley No. 289-85, mediante el cual se creó el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf).

Confieso que por un momento el ingeniero Osiris de León ha logrado desviar la atención del verdadero tema en discusión, como lo es el anuncio del ministro de Medio Ambiente de haber aprobado 6 mil licencias ambientales en 11 meses del año 2025. Donde él, que -como empresario consultor ambiental registrado en dicho ministerio- podría ser uno de los beneficiarios, celebró y festejó con ligereza, eludiendo cualquier tipo de comprobación como medida precautoria, en un campo tan delicado como son las autorizaciones ambientales.

Me permito recordar que Fuerza del Pueblo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente que me honro en presidir, externó públicamente su alarmante preocupación debido a la certeza que teníamos y tenemos de la imposibilidad de otorgar 545 licencias mensuales con la actual estructura y personal del Ministerio, sin violar los reglamentos existentes. Esto es así, aun cuando se empleen los avances tecnológicos que hoy permiten la robótica y la inteligencia artificial, debido a los procesos de validación necesarios, incluso de visitas de campo.

Posteriormente a los hechos mencionados, el ministerio comenzó a aclarar el panorama, dando a conocer que el total de autorizaciones ambientales en 2025 ascendió a 6,500, pero que más del 60 % correspondieron a certificados de registros de impacto mínimo (CRIM), que es una categoría que no precisa de estudios ni declaraciones de impacto y que puede otorgarse en provincias (El Caribe, 15/01/2026, pág. 16).

Como se podrá entender, ese "más del 60 %" pudiera ser en realidad 70, 80 o 90 %, e incluso más las autorizaciones CRIM, lo cual dejaría todavía más claro lo irreal de las famosas 6 mil licencias ambientales del ministro. Sin embargo, tal situación no despeja para nada las preocupaciones que circulan sobre un posible relajamiento de los criterios de calificación del impacto ambiental: fuerte, mediano, moderado y mínimo, a efectos de las autorizaciones ambientales.

Una solicitud de acceso a la información pública hecha por tres abogados al Ministerio de Medio Ambiente hace un mes y 21 días —habiendo ya excedido el plazo de ley— aún no ha recibido respuesta de dicha institución. En su página web, de enero a octubre del año pasado, apenas aparecían 43 licencias otorgadas (y solo 15 son nuevas), así como 189 permisos ambientales; estos últimos, la segunda categoría en términos de impacto.

Con respecto a la participación del ingeniero. Marte, la valoramos y confirmamos con certeza que el documento elaborado en los años 80 por la Comisión que lideró el doctor Antonio Thomén —con quien conversé y visité su hogar en Gascue en varias ocasiones— fue tomado en cuenta por la comisión del Decreto 152-98 que redactó el proyecto de ley definitivo que conoció el Congreso y que se convirtió en Ley 64-00, tal como se puede ver en la publicación “Documentos de la Reforma 2” de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, cuyo secretario ejecutivo fue el doctor Onofre Rojas.

En la mencionada publicación se destaca el alto nivel de consenso que alcanzó el proyecto de ley cuya formulación coordinamos. Se revisaron y sirvieron de referencia, además del documento de Thomén, las leyes ambientales de Panamá, El Salvador, Cuba, México, Nicaragua, Chile, Honduras, Brasil y Colombia; así como la “Propuesta de ley básica de protección ambiental y promoción del desarrollo sostenible”. del PNUMA; las “Recomendaciones del Informe sobre derecho ambiental del Instituto de Derecho del Caribe (IDC)”, y las convenciones y acuerdos internacionales de las Naciones Unidas ratificados por nuestro Congreso.

En "Documentos de la Reforma 2", citado, aparecen las 27 instituciones y proyectos nacionales que asesoraron o colaboraron con la comisión redactora; de igual manera, los nombres de las seis personalidades e instituciones internacionales que ayudaron y los 317 nombres de los dominicanos que se registraron y participaron en los procesos de socialización, por regiones y municipios.

Aunque sabemos de las tratativas y tejemanejes que hubo en la Cámara de Diputados para aprobarla, sobre el tema del origen de la Ley 64-00 considero que no es necesario decir nada más. Sobre las demás aristas del debate, sí hay mucha tela por donde cortar.