Los peldaños de la aceptación

FABIO RAFAEL FIALLO
Por los caminos de abril
En artículos anteriores, afirmábamos que en 1965, con el desembarco de tropas extranjeras el 28 de abril, las condiciones estaban reunidas para librar una guerra patria en nuestro país. Ofrecimos sin embargo diferentes pruebas de que el liderazgo constitucionalista, que bien hubiera podido convertirse en el abanderado de aquella noble guerra patria, no cesó de pensar, hablar y actuar en términos de guerra civil.

Existe una manifestación adicional, y por cierto no la

menos elocuente, de la mentalidad de guerra civil, y no de guerra patria, que guió al liderazgo constitucionalista a lo largo de las negociaciones entabladas consecutivamente al desembarco de tropas extranjeras. Dicha manifestación está relacionada con la salida de las tropas extranjeras del país.

En su posición inicial, el liderazgo constitucionalista solicita que dichas tropas abandonen el territorio nacional un mes después de la instalación del gobierno provisional.

Exigencia rechazada por los Estados Unidos. Desciende entonces uno o varios peldaños y propone que se le permita al futuro presidente provisional decidir por sí solo cuándo se operaría la evacuación de aquellas tropas. Fórmula igualmente rechazada por el país ocupante. Finalmente, cuando queda claro que, por la voluntad de Estados Unidos, sería la OEA, o dicho de otro modo, Estados Unidos por intermedio de la OEA, el que determinaría la fecha y las modalidades de la evacuación, no por ello el liderazgo constitucionalista abandona las negociaciones, ni rechaza la fórmula de gobierno provisional en esas condiciones, ni asume una actitud más enérgica, propia de una guerra patria, sino que se limita a dejar constancia de que el Gobierno Constitucionalista «entiende que es facultad exclusiva y soberana del Gobierno Provisional decidir la fecha del retiro» de las fuerzas extranjeras (ver Piero Gleijeses, La crisis dominicana, capítulo X, en particular pp. 277-80; y «Reserva del ‘Gobierno Constitucional’ al Acto Institucional», Gaceta Oficial 8944, 4 de septiembre de 1965). A fin de cuentas pues, el liderazgo constitucionalista se contenta con expresar su preferencia o parecer al respecto. Nada más.

Hubiera sido materialmente imposible, reconozcámoslo, hacer, sobre esta cuestión decisiva del retiro de tropas extranjeras, más concesiones que las hechas por el liderazgo constitucionalista. A decir verdad, ya no quedaba más nada por ceder.

Por eso no tiene nada de sorprendente que el 14 de Junio (que sin duda estaba dispuesto a librar una guerra patria con el arrojo que siempre lo caracterizó) haya manifestado su oposición a las concesiones repetidas hechas a este respecto (ver nota número 100 del capítulo X del libro de Gleijeses, p. 419).

Imaginemos por un momento que el liderazgo constitucionalista tomaba parte en aquellas negociaciones pensando efectivamente que había entablado una guerra patria.

En ese caso, cuando constata que la devolución de la soberanía nacional habría de depender de una decisión de Estados Unidos a través de la OEA y no de las autoridades dominicanas ni de un calendario preestablecido, ¿por qué no haber abandonado las negociaciones (como instaba el 14 de Junio), denunciándolas ante la opinión pública y los foros internacionales, y llamando a todos los dominicanos de buena voluntad a formar un frente patriótico de amplia base en pro del rescate de la soberanía nacional, en vez de limitarse a expresar una simple predilección? Pensemos en la Unión Nacional Dominicana, que luchó durante la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924 en pro de la evacuación «pura y simple» de nuestro suelo. ¿Habría aceptado esa Unión Nacional Dominicana dejar en manos de Estados Unidos (o de una organización internacional cualquiera controlada por ese país) la fecha y las modalidades de la recuperación de nuestra soberanía? Pensemos igualmente en el Gobierno Restaurador que, como señala acertadamente el reputado historiador Frank Moya Pons, «se mantuvo firme en defender sus derechos y se negó a pactar nada como no fuera la salida de las tropas españolas, la devolución de los prisioneros y garantía y seguridad para los heridos y enfermos» («Manual de historia dominicana, 12ª edición, p.357).

Imaginemos ahora otro escenario, radicalmente distinto del anterior. Imaginemos que el liderazgo constitucionalista haya entablado las negociaciones pensando que, a través de las mismas, él habría de proseguir la guerra civil. Si utilizamos el escenario de la guerra civil, la actitud de aquel liderazgo adquiere repentinamente una diáfana coherencia. Ahí se comprende por qué se otorgó tanta importancia a barajar nombres con miras a formar el gobierno provisional y ocupar los puestos claves dentro de las Fuerzas Armadas. Se trataba en ese caso, para cada grupo beligerante (Gobierno Constitucionalista y GRN), de asegurar para sí el mayor peso político y militar en el futuro gobierno provisional.

Por otra parte, dada la correlación de fuerzas en el plano militar, correlación desventajosa para los constitucionalistas en términos de volumen de tiro y de control de territorio (aunque ciertamente no en términos de ideales y espíritu de combate), es posible que algunos actores constitucionalistas no tuviesen gran prisa en ver partir las tropas de la FIP. El libro de Bernardo Vega «Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966» (p.241) menciona un informe confidencial de la CIA que indicaba que, durante la campaña electoral del 66, el Profesor Bosch había dado a entender a una fuente de dicha CIA que no sabía cómo tratar el tema de la FIP pues podría necesitar por un tiempo la presencia de esas tropas extranjeras después de las elecciones, a fin de evitar su derrocamiento por parte de militares dominicanos.

Independientemente de cuán veraz dicho informe pudo ser, el mismo se compagina en todo caso con un hecho incuestionable: durante aquella campaña electoral, el Profesor se mostró más bien comedido en términos de críticas a la presencia de la FIP.

Todo esto ayuda a comprender por qué, a la hora de las elecciones del 66, el pueblo dominicano otorgó mayoritariamente su voto al candidato que había esgrimido astutamente el tema de la concordia nacional durante la campaña electoral, ofertándose como el «candidato de la paz», frente a un Juan Bosch que, en la percepción de ese mismo pueblo, se había convertido en el símbolo de una guerra fratricida que, por falta de una estrategia consecuente por parte del liderazgo constitucionalista, no ganó el dignificante calificativo de guerra patria que hubiera en principio podido alcanzar. ¿Cómo esperar en efecto que el pueblo en su conjunto pudiese considerar la contienda de abril como una guerra patria, si los propios líderes de aquella contienda la percibían como una guerra civil? ¿Por qué el liderazgo constitucionalista prefirió seguir negociando, al precio de amargas concesiones, en vez de abandonar la negociación como en determinados momentos el 14 de Junio reclamó? En artículos futuros intentaré descifrar la clave de ese enigma. Pero antes, he de ofrecer un ejemplo más de la mentalidad de guerra civil que prevaleció a lo largo de la Revolución de Abril. El ejemplo en cuestión concierne el trato que un sector del liderazgo constitucionalista le reservó a mi abuelo Viriato Fiallo. Hasta entonces, amable lector.