POR RAFAEL MOLINA MORILLO
Para mí, la Junta Central Electoral está cometiendo un grave error al colocarse en estado de rebeldía frente al intento de la Cámara de Cuentas para hacerle una auditoría de acuerdo a la ley.

La Junta Central Electoral es, quizás, el organismo del Estado que está más obligado a proyectar una imagen cristalina y transparente de diafanidad en su quehacer cotidiano, en todos los órdenes. Tiene que estar presta a dejarse examinar en cualquier momento y circunstancia, no sólo por otra instancia estatal como lo es la Cámara de Cuentas, sino por cualquier entidad o persona pública o privada que se antoje de saber cómo se están manejando las cosas en el elevado tribunal comicial.

Si no tiene nada qué ocultar, no debe tener nada qué temer. Para demostrar su idoneidad no hay momentos inoportunos, como quiere hacerse creer ahora para fortalecer la excusa de que estamos en un período electoral y que, por lo tanto, una auditoría sería un atentado contra las elecciones venideras.

Tras afirmar olímpicamente que no entregará el software requerido ni permitirá la entrada de los auditores al centro de cómputos, la desafiante Junta se coloca, a mi juicio, en una posición indefendible y propone que una comisión designada por ella dialogue con la Cámara, una especie de negociación al margen de la ley que no me parece digna de ser aceptada.

Pero como en este país las leyes se acomodan a las circunstancias, todo es posible que suceda. Cosas veredes, Sancho, que harán fablar las piedras, como dijo el ingenioso hidalgo aquel.

(r.molina@verizon.net.do)