Entre motoristas y guagüeros: el libre tránsito no puede ser ley de la selva

La Constitución de la República Dominicana consagra el derecho al libre tránsito. Es un principio básico de convivencia democrática y un pilar para la movilidad urbana.

Sin embargo, entre lo que establece la Carta Magna y lo que ocurre a diario en nuestras calles existe una brecha peligrosa que ya no puede seguir normalizando.

En esa grieta conviven dos males que se han vuelto preocupación constante del ciudadano común: los motoristas y los guagüeros, protagonistas de un desorden vial que cobra vidas, genera caos y erosiona la autoridad del Estado.

Para muchos motoristas no existe una sola vía, ni norma. Circular en vía contraria, subir a las aceras, cruzar semáforos en rojo y zigzaguear entre vehículos se ha convertido en parte del paisaje cotidiano.

No se trata de estigmatizar a quien trabaja honradamente sobre dos ruedas, sino de reconocer que la impunidad ha fomentado conductas temerarias que ponen en riesgo a peatones, conductores y a los propios motoristas.

El problema no es la motocicleta; es la ausencia de control efectivo y de consecuencias reales.

Del otro lado están los guagüeros. Para ellos, pareciera que no hay restricciones: se detienen donde quieren, invaden carriles, compiten por pasajeros y, en no pocos casos, circulan por elevados y túneles sin respetar las normas.

Se han convertido en una “plaga” difícil de controlar, no por falta de leyes, sino por la débil aplicación de estas.

Con frecuencia se escudan en un argumento legítimo son padres de familia que necesitan trabajar, pero esa realidad no puede justificar que se afecte el derecho a la vida y a la seguridad de los demás.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué hacemos con los que nos afectan? La respuesta no puede ser la resignación.

El libre tránsito no es libertinaje. Urge una política integral que combine educación vial, fiscalización permanente y sanciones ejemplares, sin privilegios ni excepciones.

El trabajo digno debe ir de la mano con el respeto a la ley. De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo donde todos reclaman derechos, pero pocos asumen deberes, y donde la calle termina imponiendo su propia y peligrosa justicia.