El Pleno de la Cámara de Cuentas, órgano constitucional fiscalizador del patrimonio estatal, ha sido forzado a revocar una resolución mediante la cual aprobó el incremento salarial del 25% para sus miembros, como resarcimiento a la “dedicación exclusiva”, establecida en la normativa de obligado cumplimiento para los funcionarios del Estado.

La compensación quedó anulada, luego de haberse suscitado en los medios de prensa y la sociedad civil una acalorada controversia sobre la gestión de beneficios dentro de la CCRD, pues al parecer, los RD$423,500 que, según Reporte de Transparencia, devenga cada mes la presidenta del órgano, Emma Polanco, y sus adjuntos, resulta insuficiente para cubrir la exclusividad demandada, de la que exceptúa la docencia. El citado aumento elevaría los salarios por encima de RD$500,000 mensuales. A pesar de la revocación, el intento dejó entrever la codicia, o la peligrosa presión por dinero que agobia a los integrantes del pleno de la CCRD, y también rememora que la historia de la Cámara de Cuentas ha estado marcada por décadas de inestabilidad, escándalos éticos y procesos judiciales, la cual erosiona su credibilidad de ente fiscalizado de los procesos administrativos y el patrimonio del Estado.

Hace justo un año, la actual membresía de la CCRD fue escogida por el Senado de la República en sustitución de la presidida por Janel Ramírez, quien desde el año 2022 enfrentó una parálisis interna por diferencias públicas entre sus miembros. Además, Ramírez fue denunciado por presunto acoso sexual a dos empleadas de la institución. Los cargos fueron desestimados.

No obstante, una comisión de la Cámara de Diputados recomendó someter al pasado pleno a un juicio político tras encontrar faltas graves, como asignación ilegal de fondos y ejecución presupuestaria deficiente.

Entre los principales escándalos que han estremecido a la Cámara de Cuentas en décadas recientes, figura la batahola salarial del 2007 durante la presidencia de Andrés Terrero, cuando los miembros de entonces se autoasignaron aumentos desproporcionados que pasaron de RD$300,000 a RD$600,000 mensuales.

En 2008, este grupo se vio obligado a renunciar para evitar un juicio político frente al Congreso Nacional, debido a acusaciones de nepotismo, compras irregulares y lucha de intereses.

Estos renunciantes fueron sustituidos por un equipo encabezado por la doctora Licelotte Marte (2008-2016), quien realizó una extensa labor que eventualmente resultó criticada por la alegada falta de profundidad en las auditorías practicadas. Marte llegó a declarar públicamente que con el dinero que se perdía debido a la corrupción en el país, se podría edificar otra República Dominicana”.

Durante la gestión de Hugo Francisco Álvarez Pérez, el Ministerio Público allanó la sede de la institución por sospecha de supuesta obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios y alteración de auditorías para encubrir actos de corrupción administrativa del gobierno anterior al 2020.

Creo que la actual membresía de la Cámara de Cuentas debe verse reflejada en el deslucido espejo de pasadas gestiones y evitar el camino errático de las acciones desaceradas, como el desmedido aumento salarial revocado, por “dedicación exclusiva”, que en las actuales circunstancias de shock económico externo contra la economía dominicana resulta un experimento