Qué se dice Aclarando la aclaración

Si el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Luis Arias, no fuera tan resbaloso, tan proclive a recurrir a los circunloquios y las evasivas cuando no quiere decir lo que debería ser capaz de decir, se habría ahorrado la “indignación” que le provocó el titular de primera página de este diario, que todavía ignora, al igual que el resto del país, el estatus legal de un pacto de alianza electoral aprobado por el pleno de la JCE fuera del plazo que establece la ley, mas que nada porque el presidente del tribunal de comicios se ha mostrado incapaz de ser preciso en ese aspecto en particular, absolutamente imprescindible para determinar la naturaleza de los actos de quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de llevar a buen término -sin traumas, sobresaltos ni “fallos históricos”- el proceso electoral.

Noticias municipales

Solo en un país como este, aquejado de anemia institucional congénita, puede considerarse una noticia, digna de publicarse en los periódicos, el hecho de que el gobierno central entregue a los ayuntamientos del país los recursos que les corresponden por mandato de la ley 166-03, que especializa un 8% de las recaudaciones ordinarias del gobierno en favor de los cabildos. Alguien dirá, con toda razón, que eso solo lo explica el acoso al que han sido sometidos los ayuntamientos, por parte del Poder Ejecutivo, desde que el gobierno peledeísta asumió la administración de la “cosa pública”, acoso que capitanea el secretario de Interior y Policía, el doctor Franklyn Almeyda, y que se espera concluya a partir del próximo 16 de agosto, cuando el PLD asuma los ayuntamientos ganados en las pasadas elecciones. Tal vez así dejemos de ver en los periódicos a los síndicos reclamándole al gobierno, como si le pidiera un favor, lo que legítimanente les pertenece, o de enterarnos de que, por primera vez en mucho tiempo, los empleados municipales vieron llegar el día de las madres sin un chele en los bolsillos por culpa de la retención ilegal de los recursos que la ley 166-03 especializa para los gobiernos locales.

Billete pelao

Hay algo que no se entiende muy bien, quizá porque no fueron suficientemente claros sus voceros, en la explicación ofrecida por las federaciones del transporte para justificar el abandono de las negociaciones que venían sosteniendo con el ingeniero Diandino Peña, director de la OPRET, en torno al alza de los pasajes del transporte público de pasajeros, lo que obliga a formularse la necesaria pregunta ¿Por qué perdieron su tiempo negociando y discutiendo, durante mas de un mes, si Diandino -como alegan- no está facultado para fijar los nuevos precios de los pasajes? Lo que tal vez los voceros de los transportistas no quieran decir, porque no les conviene, es que la verdadera razón de la ruptura del diálogo fue la imposibilidad de convencer a Diandino de evitar el alza de los pasajes con un subsidio a sus “costos operacionales” o la creación de un fondo de compensación, mas o menos lo mismo, petición que se entiende imposible de satisfacer para un gobierno que no encuentra la forma de quitarse de encima el oneroso subsidio al gas licuado de petróleo. Así que, señores transportistas, ¡se les peló el billete!