Qué se dice: Se busca un culpable

Por tratarse de una persona con antecedentes de depresión, con dos intentos previos de suicidio, según han revelado sus familiares, es aventurado afirmar que la profesora María Rosalba Ureña Arias, de 46 años y 12 en el magisterio, tomó la drástica decisión de quitarse la vida agobiada por los problemas económicos que le ocasionó la decisión del Ministerio de Educación de bloquear su salario para verificar si realmente impartía docencia donde fue nombrada. (Se ha dicho que estaba en licencia médica, pero ni Educación ni la Asociación Dominicana de Profesores han confirmado esa versión). Aún así, Víctor García Terrero, secretario general del gremio magisterial en Licey al Medio, donde residía y trabajaba María Rosalba, afirma “con toda responsabilidad” que la mató el ministro de Educación, Andrés Navarro, por retenerle su salario durante tres meses, lo que le impidió comprar los medicamentos y agravó su condición de salud. Nunca se sabrá, sin embargo, cuáles fueron los motivos, o el detonante que precipitó un acto tan violento contra sí misma, pero el suicidio de la profesora Ureña Arias nos ha obligado, de manera dramática, a poner nuestras miradas sobre lo que ocurre con los maestros bloqueados por el Ministerio de Educación para “sanear y transparentar” su nómina, plagada de botellas por obra y desgracia del clientelismo y la politiquería peledeísta. Y si fuéramos a repartir culpas y responsabilidades por su muerte, que desde luego nunca terminarán en un tribunal de justicia, habría que empezar por el principio, por el origen del problema, por quienes convirtieron ese ministerio y su goloseado 4% en un superpoblado nido de voraces comecheques al servicio de sus hipertrofiadas aspiraciones políticas.