Hay algo en el ambiente. No es furia organizada ni oposición estructurada. Es algo más complejo y silencioso: una erosión, un cansancio. El descontento ciudadano hacia la política – particularmente hacia la gestión actual – no nace de una moda ni de una conspiración digital amplificada por algoritmos. Tiene razones. Razones obvias.

En 2020 no ocurrió solo una alternancia. Ocurrió una transferencia moral de confianza. Una parte significativa del país no votó simplemente por un partido; votó por una ruptura con prácticas que consideraba agotadas. La promesa no era solo gobernar mejor. Era gobernar distinto.

Cuando una transición se construye sobre una expectativa ética tan elevada, el margen de tolerancia se reduce drásticamente. Y cuando el ciudadano percibe que la lógica del poder termina siendo peor que aquello que se prometió superar, la decepción no es ideológica: es íntima. El ciudadano puede comprender la complejidad de gobernar. Lo que no tolera es la incoherencia.

Aquí radica la primera razón obvia del malestar: se administró el discurso como si la ruptura fuera inmediata, sin identificar explícitamente de qué, mientras las estructuras del sistema siguen operando con la misma inercia. Gobernar no es resistir, es administrar significados. Y eso exige coherencia sostenida, no solo contraste retórico.

La segunda razón es más estructural: la política dominicana ha perdido capacidad pedagógica y emocional. Durante momentos clave de nuestra historia, el liderazgo entendió que explicar era parte del poder. En la transición española, por ejemplo, figuras como Adolfo Suárez comprendieron que el éxito no dependía únicamente de negociar reformas, sino de hacer que la sociedad entendiera por qué eran necesarias. La legitimidad se construyó tanto en los acuerdos como en la narrativa honesta sobre los límites.

Hoy, en cambio, predomina una comunicación celebratoria. Enunciativa, pero esquiva ante las tensiones. Se pretende proyectar control, pero se evita reconocer contradicciones. Les hace falta sinceridad. En una sociedad hiperconectada, esa omisión no pasa desapercibida. Cuando el discurso oficial insiste en que todo marcha bien mientras el ciudadano percibe desorden o improvisación generalizada, la desconexión se convierte en desconfianza. Y la desconfianza, cuando se acumula, erosiona.

Hay además un elemento generacional que no puede ignorarse. La mayoría de los ciudadanos ya no se identifica orgánicamente con partidos. Se identifican con estilos, con coherencias, con trayectorias personales. Esto cambia radicalmente la ecuación política. La lealtad partidaria se debilita; la evaluación individual se intensifica. Cualquier contradicción se amplifica. Cualquier gesto que recuerde práctica del pasado se convierte en símbolo. No porque la sociedad sea más radical, sino porque es menos complaciente.

Las rupturas sociales no suelen anunciarse con estruendo. A veces comienzan como una sensación compartida de que el contrato implícito se está debilitando. En América Latina lo hemos visto una y otra vez: sistemas aparentemente estables que, por ignorar señales tempranas de malestar, terminan enfrentando crisis de representación profundas. República Dominicana no está al borde de una fractura institucional. Pero sería ingenuo ignorar que existe una fractura emocional entre una parte importante de la ciudadanía y la política tradicional. Y esa fractura no se resuelve con campañas de comunicación ni con comparación permanente con el pasado. Se resuelve con coherencia.

El malestar actual no es un capricho colectivo. Es el resultado de expectativas elevadas, discurso ambicioso y una realidad que no refleja esa ambición. Es el síntoma de una generación que perdió miedo a cuestionar y que ya no concede cheques en blanco por cuatro años. La alternancia se creyó como un paso, pero la transformación se ha demostrado que definitivamente es otra cosa.

Si la política insiste en administrarse como antes, el descontento no desaparecerá, se profundizará. Y cuando el descontento se normaliza, la consecuencia no suele ser la protesta inmediata. Suele ser algo más peligroso para cualquier sistema democrático: la indiferencia estratégica del ciudadano.

Las razones son obvias. Lo que está por verse es si la clase política tiene la madurez de asumirlas antes de que se conviertan en algo más que una advertencia.

Yuri Enrique Rodríguez es abogado y profesor de Historia de las Ideas Políticas del Instituto OMG. Es egresado de la Escuela de Derecho de la PUCMM, con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Glasgow, Escocia. Socio gerente LexBridge.