Reforma policial y criminalidad

En el imaginario colectivo, la reforma policial suele asociarse con la reducción de la criminalidad. Sin embargo, esta visión es limitada y, en muchos casos, errónea. La reforma policial no es una estrategia de combate directo contra la delincuencia. Surge como un acto de dignificación institucional, de la necesidad de transformar la cultura operativa, de colindar la actuación policial con los derechos humanos, y de profesionalizar nuestros policías. La reforma no se trata de combatir al delincuente, sino de formar al agente desde la legalidad, la proporcionalidad, la institucionalidad y la transparencia. La reforma es un proceso de renovación, no de reducción de la criminalidad.

Durante décadas, la idea de reforma fue ignorada o reducida a discursos vacíos. Aunque antes de los numerosos anuncios que se hicieron, en los años noventa, dos figuras iniciaron sin saberlo un proceso silencioso, técnico y profundamente transformador: el mayor general Ramón Alcides Rodríguez Arias, como jefe de la Policía Nacional, y el entonces coronel Julio César Lorenzo Campusano, desde sus funciones estratégicas, impulsaron una transformación que no se anunció como reforma, pero que lo fue en esencia. Apostaron por la tecnificación del cuerpo policial, crearon la Escuela de Investigaciones, despolitizaron la actuación operativa y desarticularon los escuadrones de persecución política que durante años habían servido como instrumentos de represión ideológica.

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La reforma policial no es una respuesta directa a la delincuencia. La criminalidad se enfrenta con políticas públicas que aborden sus causas estructurales: pobreza, exclusión y desigualdad. La policía participa en ese proceso desde la inteligencia, prevención, la investigación y la protección. Pretender que la reforma es para “acabar con los delincuentes” es desconocer su verdadero propósito: formar una policía, humana, tecnificada, profesionalizada, cuyos agentes se rijan por estándares éticos, de transparencia, rendición de cuentas; o sea, un cambio de cultura que impulse tres pilares misionales: inteligencia, prevención e investigación, contando con profesionales de policía y policías profesionales.

Aunque en cierto modo la reforma impacta en la disminución de los índices de criminalidad y frecuencia delictual, porque una policía equipada, tecnificada y profesionalizada no solo se legitima ante la ciudadanía, incrementando las relaciones cívico-policiales, sino que disuade y repliega la violencia y permite diseñar programas integrales de seguridad pública. Al mejorar la formación, revisar protocolos y fortalecer la operatividad, se consolida una institución más preparada, con mejor capacidad de respuesta y mayor confianza ciudadana.

Hoy, la República Dominicana puede afirmar que cuenta con una Policía Nacional que transita hacia su reforma, su transformación y su cercanía. Una policía que, aunque aún enfrenta desafíos estructurales, ha iniciado un proceso de revisión profunda de sus prácticas, de profesionalización en procura de profesionales de policía y policías profesionales, apertura y de alineación con los principios democráticos. Esa transición no es perfecta ni lineal, pero es real, verificable y, sobre todo, irreversible.