Relaciones cívico-policiales

Las relaciones cívico-policiales nacen con la evolución del Estado de derecho, cuando la Policía dejó de ser un instrumento represivo y asumió el mandato de proteger derechos y garantizar el orden democrático; tras la Guerra Fría, se impulsó la idea de una Policía de proximidad, orientada a generar confianza y mediar en conflictos sociales. Es importante diferenciar de las relaciones civiles-policiales, las cuales tienen un carácter de inmediatas y coyunturales fruto de operativos, denuncias o emergencias, de las cívico-policiales que son vínculos a largo plazo, estructurales y sostenidos, concebidos como una alianza institucional y social basada en confianza mutua y meritocracia. Su consolidación ha sido fruto de reformas y profesionalización, que han permitido reconocer a la Policía no solo como fuerza de orden y seguridad , sino como un actor social con funciones de prevención, mediación comunitaria y educación ciudadana.

Por eso es impostergable respaldar la gestión actual de la institución, bajo el liderazgo del mayor general Andrés Cruz Cruz, quien ha demostrado, a lo largo de su trayectoria, ser un oficial cercano, humano y respetuoso, con liderazgo firme y exigente en la calidad. Esa misma cualidad es la que hoy encarna como director de la Policía Nacional, constituyendo una señal alentadora de que la reforma policial va rumbo a su consolidación, complementándose con el actual subdirector, el general Esteban Figuereo García, con una trayectoria marcada por disciplina, compromiso y vocación de servicio, lo que fortalece la conducción del proceso de transformación. Apoyar ese proceso hacia la nueva Policía es un compromiso con la estabilidad social, la defensa de los valores democráticos y la garantía de la seguridad pública, que es un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo nacional; sin ella, las libertades se ven limitadas, porque se ausenta la percepción de estar libre de riesgos en los espacios.

En el desarrollo de ese vínculo, la Policía Nacional se presenta como garante del orden y la protección de la ciudadanía; en reciprocidad, la población debe ser corresponsable activa en la construcción de un entorno seguro, a través de un contrato social donde se asume una alianza entre autoridad y comunidad que es el motor que permite consolidar la seguridad societal —término utilizado para diferenciarlo de la seguridad social, pues mientras esta última se centra en derechos prestacionales, la seguridad societal aborda la preservación frente a amenazas—. La labor policial, muchas veces invisibilizada va más allá de la prevención e investigación, ya que abarca renglones como la mediación de conflictos comunitarios, la gestión de riesgos, la atención a víctimas, el uso de inteligencia para anticipar amenazas, acompañamiento en situaciones de emergencia y la educación ciudadana en materia de convivencia y respeto a la ley.

Como sociedad debemos hacer nuestra a la Policía y viceversa y apoyar la reforma policial, la cual no debe confundirse con una solución mágica que reducirá los índices de delincuencia, pues esta responde a factores sociales más amplios como la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. El verdadero valor de la reforma está en que impulsa una nueva forma de convivencia entre población y Policía, cimentada en la confianza y el respeto mutuo, dotando al país de un cuerpo policial más profesional, meritocrático y con un perfil renovado, lo cual crea las condiciones para que la institución operativice su misión de proteger y servir, lo que sí impacta en la garantía de la seguridad pública. De este modo, la Policía actúa como garante de derechos y promotora de paz social, y la ciudadanía asume también su parte: colaborar activamente, respetar la institucionalidad y participar en la construcción de una cultura de legalidad. El compromiso ciudadano es indispensable para que la reforma policial trascienda y se convierta en una verdadera garantía de seguridad y convivencia democrática.

Fomentar las relaciones cívico-policiales significa valorar el sacrificio de miles de agentes y reconocer que estos, arriesgan su vida por la tranquilidad de la sociedad, además es reconocer que la seguridad de todos depende de la fortaleza de nuestras instituciones y de la colaboración activa entre ciudadanía y cuerpo policial. La aproximación de la población a la Policía fortalece la seguridad pública porque esa confluencia permite accesibilidad, respeto y compromiso, generando credibilidad y apoyo mutuo. Esa cercanía se traduce en una relación estable, donde los ciudadanos se sienten escuchados y protegidos, y los agentes cuentan con el respaldo y respeto social; de este modo, se consolida la paz social y se asegura la sostenibilidad de los objetivos e intereses nacionales.

La seguridad pública es una responsabilidad compartida: la Policía Nacional cumple con el mandato constitucional de garantizar el orden y proteger derechos, mientras la sociedad colabora y participa activamente, consciente de que respaldar la gestión del mayor general Andrés Cruz Cruz es confiar en la Policía y en nuestros policías, asumiendo el proceso de reforma hacia un cuerpo más profesional, cercano y meritocrático, para promover la paz social y fortalecer la democracia. La nueva Policía solo puede consolidarse con una ciudadanía responsable y comprometida; por eso, acompañar a la institución en todos sus niveles —desde el agente que patrulla hasta el mando— significa sostener la misión de proteger y servir, que en esencia es defender la seguridad, libertad y la democracia como pilares de nuestro desarrollo nacional.