Se explica, pero no se justifica
RAFAEL TORIBIO
A pesar de que el gobierno decidió rescindir el contrato con la Sun Land y que la Suprema Corte de Justicia dio la razón a Huchi Lora, lo que se puede explicar no tiene que aceptarse necesariamente como justificación.
A veces se quiere hacer pasar una explicación por una justificación. Se pretende que dando a conocer algo y manifestar los motivos de una acción se acepte como prueba convincente, o que sea conforme a lo legal o lo justo. Pero una cosa es la explicación de una decisión, acción o comportamiento y muy otra que pueda ser aceptada como justificación.
Últimamente hemos presenciado vanos intentos de querer que se acepte una explicación por una justificación. En el ya famoso caso de la Sun Land, el Presidente de la República intentó, vanamente, que la explicación de lo sucedido fuera admitida como su justificación, cuando lo que debió hacer fue distanciarse desde el primer momento de ese bochornoso y lamentable hecho.
Su error fue mayor por cuanto en su intento de justificación por una simple explicación, hizo el señalamiento de que la operación no representaba una deuda pública. Sin embargo, el funcionario que la había negociado, sobre la base de un poder otorgado por el mismo Ejecutivo, en una carta que se hizo de conocimiento público después, desmentía lo afirmado por el Presidente, pues había solicitado al órgano que tiene esa responsabilidad en la Secretaría de Hacienda que la asentara, no como «un compromiso de pago» sino como «una deuda pública». Y es difícil creer que el Presidente no tuviera conocimiento previo de ella.
Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia diga que esperará un informe del Procurador de la República para poder tomar la decisión sobre la Sun Land, a pesar de que el funcionario indique que lo hará posiblemente al inicio del próximo año y que haya adelantado de forma resumida lo que sería el contenido del informe esperado, al indicar que el caso de la Sun Land es pura politiquería, es explicable.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas en el contexto de una campaña por la reelección presidencial de una decisión irrevocable de la Suprema Corte de Justicia aceptando que el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, con la anuencia del Presidente de la República, había violado la Constitución y leyes objetivas?
Recuérdese la defensa y las explicaciones del Presidente de la República, pretendidamente justificatorias, especialmente en un encuentro con directores de medios de comunicación escogidos para la ocasión. Un fallo de la Suprema aceptando la violación al ordenamiento jurídico, además de significar que no se acepta la argumentación del titular del Ejecutivo, permitiría esperar que tomara alguna acción contra el funcionario culpable de la situación que hasta ahora ha preferido proteger, en vez de sancionar.
También se puede explicar la enorme tardanza entre el mandato del tribunal que obligaba a entregar a Huchi Lora la documentación solicitada sobre la construcción del Metro y la decisión de la Suprema de que había que entregárselos. Fue tanto el tiempo transcurrido que bien ha podido la OPRET elaborar los planos y estudios que quizás no disponía antes de iniciarse la obra. Pero de todas formas, parece que es mejor tarde que nunca.
En ambos casos, conceder la razón a las demandas significaba contradecir las decisiones y opiniones del Presidente de la República. Y como en nuestro sistema político contradecirlo, aun en sus expectativas, se considera improcedente, se explica que se haya hecho todo lo posible, y hasta lo imposible, por no confrontarlo, mucho más aún si estamos en una campaña por la reelección.
Pero, a pesar de todos los pesares y de todos los esfuerzos, una explicación no es una justificación. Y en el caso de la Sun Land no hay ninguna justificación posible: Fue una deuda pública contraída violando lo establecido en la Constitución y la ley queriendo, además, encubrirlo. El nuevo contrato que rescinde el anterior así lo confirma.
