Una de las consecuencias directas de la muerte, a manos de una turba de motoristas, del chofer de un camión compactador de basura en Santiago, convertida en un escalofriante espectáculo gracias a un video que circuló profusamente en las redes sociales, ha sido el repudio generalizado al comportamiento que estos exhiben en las calles. Pero esa repulsa vino también acompañada del reproche a las autoridades responsables de su fiscalización, a las que se acusó, y se sigue acusando, de ser demasiado flojas con los motoristas, de permitirles violaciones flagrantes (saltarse la luz roja de un semáforo, por ejemplo) a la ley de tránsito delante de las narices mismas de los agentes de la Digesett, que no tienen mas remedio, por impotencia o vergüenza, que hacerse los desentendidos.

Un cotidiano espectáculo al que ya estamos acostumbrados a pesar de la irritación que provoca, pues se supone que las leyes son para que las respetemos todos y que eso lo saben también quienes están llamados a hacerlas cumplir, que es lo que explica que las cosas hayan llegado tan lejos y que ahora resulte tan difícil ponerle el cascabel al gato. En obvia respuesta a esas críticas, pertinentes y justificadas, repito, la Digesett emitió un comunicado en el que detalló que en el último año fueron fiscalizados más de 834 mil motociclistas por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en tanto un total de 81,107 motocicletas fueron retenidas por incumplir la normativa vigente. Y qué bueno que lo haya hecho, sobre todo porque esa es su responsabilidad, pero la verdad monda y lironda, porque la vemos todos los días en las calles, es que eso no es suficiente y que sus agentes tienen que esforzarse mas. Aunque quizá le estamos pidiendo una tarea materialmente imposible, como probablemente lo sea la fiscalización efectiva de mas de 4 millones de motocicletas, mal contadas, dispersas por todo el territorio nacional, con sus propietarios conduciendo en modo chivos sin ley.