Violaciones sexuales: una herida abierta en la sociedad dominicana

El reportaje de la periodista Deyanira Polanco en el Listín Diario nos enfrenta con una cruda realidad que no podemos seguir ignorando: en apenas seis meses, de enero a junio de 2025, la Procuraduría General de la República recibió 3,329 denuncias por delitos sexuales.

El dato, por sí solo, estremece, pero cobra mayor gravedad cuando se analiza junto a los 28,579 casos de violencia de género e intrafamiliar.

La violencia contra mujeres, adolescentes y niñas no es una excepción, sino una epidemia social.

Más allá de los números, los casos concretos desgarran la conciencia nacional.

Dos violaciones grupales o “en manada” han sacudido a la República Dominicana: una en Villa González, contra una joven de 21 años, y otra en San Francisco de Macorís, contra una adolescente de apenas 13 años.

Hechos que no solo exponen la brutalidad de los agresores, sino también la vulnerabilidad de nuestras mujeres en diferentes etapas de su vida.

Por estos delitos, seis imputados ya guardan prisión en el primer caso, mientras que en el segundo, dos adultos fueron enviados a la cárcel y tres menores están pendientes de medidas de coerción.

La justicia comienza a actuar, pero la herida social y el trauma de las víctimas tardarán mucho más en sanar.

El Código Penal Dominicano establece sanciones severas contra los delitos sexuales. La violación sexual, definida como acceso carnal no consentido, conlleva penas de 10 a 20 años de prisión y multas significativas. En el caso de violación en grupo, como las que recientemente consternan al país, la sanción puede llegar a los 30 años de reclusión mayor, la pena máxima prevista.

El abuso sexual contra menores de edad agrava aún más las sanciones, ya que la ley protege de manera especial a niños y adolescentes. El incesto, por su parte, tiene penas que oscilan entre los 10 y 20 años de prisión.

Estas disposiciones legales reflejan la gravedad con que el Estado concibe tales crímenes, aunque la realidad nos demuestra que no basta con leyes duras: se necesita una sociedad vigilante, un sistema judicial ágil y programas de prevención efectivos.

Aunque la Procuraduría reporta 3,329 denuncias, expertos aseguran que las cifras son aún mayores. Muchas víctimas callan por miedo al estigma, vergüenza o temor a represalias, lo que genera un subregistro preocupante.

Este silencio impuesto por la cultura machista y la falta de apoyo adecuado convierte a muchas víctimas en prisioneras de su propio dolor.

No podemos seguir normalizando la violencia sexual. La sociedad dominicana debe asumir este problema como una prioridad nacional.

Desde las familias y las escuelas, hasta las instituciones públicas y el sistema judicial, todos tenemos un rol que jugar.

Es urgente fortalecer las campañas de prevención, crear entornos seguros para la denuncia, garantizar atención psicológica y médica a las víctimas y, sobre todo, combatir la impunidad.

La justicia debe enviar un mensaje claro: en la República Dominicana, violar no tiene cabida, y quien lo haga enfrentará todo el peso de la ley.

El reportaje de Deyanira Polanco no es solo una compilación de datos: es un espejo que refleja la crudeza de una realidad que desangra al país.

Las dos violaciones en grupo ocurridas recientemente son apenas la punta del iceberg de una problemática estructural.

Si no actuamos con firmeza, cada cifra se transformará en un nombre, una vida marcada por el dolor y la injusticia.

La sociedad dominicana debe levantarse unida y decir con fuerza: ni una víctima más.