Gustavo Carvajal Moreno, el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) está entre los convencidos de que los presidentes y sus funcionarios deben escuchar el clamor de su pueblo y ofrecer respuestas realistas, y deben hacerlo a través de los medios de comunicación, que son los instrumentos más idóneos para ese contacto. Su convicción es aleccionadora, en momentos en que está en el tapete el tema de la falta de comunicación del Presidente con los periodistas.

Pero es aleccionadora también porque censura prácticas antidemocráticas de los partidos políticos, como la de alejarse de las bases populares una vez que han conquistado el poder, no estimular la inclusión de jóvenes y mujeres para fortalecerse internamente, y el ejercicio del clientelismo que lleva al uso de recursos del poder para pagar compromisos que no corresponden al Estado.

Son criterios que vienen al caso ahora que todas esas prácticas caracterizan la modalidad predilecta de ejercicio político, que incluye el sacrificio de la democracia interna de los partidos y el desconocimiento del derecho de elección que tienen sus militantes. La resistencia al contacto con los ciudadanos a través de la prensa es como para rematar la distorsión que ha ido sufriendo el ejercicio del poder.

Hay que indagar ese caso grave

La jefatura de la Policía tiene ante sí un caso muy grave, que debe investigar porque ese caso se podría repetir si se deja pasar por alto. Los familiares de la señora María Quezada, de 70 años, han denunciado que dos agentes policiales y el encargado de AMET en Yamasá, habrían protegido y libertado a un conductor que con su vehículo provocó la muerte de la señora y que fue capturado cuando trataba de escapar con el cuerpo de la occisa sobre el bonete.

Los familiares de la víctima de este suceso afirman que el conductor carecía de licencia de conducir y hablaba por un celular cuando atropelló a la señora. Tanto el causante de la muerte de la señora como los agentes actuantes en este caso deben ser investigados sobre su conducta como autoridad frente a un hecho en que había de por medio la pérdida de una vida humana.