Sin negarse a dialogar con el tenaz y sistemático gremio de los profesores, cuyo líder careció de suficiente apoyo para reelegirse como diputado, el Ministerio de Educación decidió, a pesar de una inexplicable y retardataria oposición de la ADP, seguir adelante hacia el fundamental objetivo de contratar 6,000 maestros mediante el concurso que garantice el ideal nivel de capacidades de los aspirantes. Impulsar desde las bases la elevación de la calidad de la enseñanza es una urgencia nacional para que un alza presupuestal destinada a la cartera arroje los frutos que la sociedad ha esperado con escasos resultados.

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No se trata, sin embargo, de una imposición a la representación gremial del magisterio conocedora en amplitud de detalles de las normas de la competición e involucrada durante meses en el proceso de consultas que precedía la aplicación. Emergieron sorpresivos alegatos de irregularidades que para los mandos del sistema están fuera de lugar. Quienes dirigen la función docente del sector público son los que deben rendir cuentas al país sobre el acceso a una óptima formación escolar para generaciones de dominicanos por los inviolables derechos que les asisten. Es al Ministerio de Educación al que el pueblo exige que el 4% sea bien invertido. Y no habría gran posibilidad de que lo logre si no aplica los poderes que constitucionalmente le corresponden con respaldo de la sociedad. Un largo camino falta por recorrer y ninguna paralización cabe en la marcha por exigencias gremiales.