El origen del “concepto” según el cual a los empleados públicos debe retribuírseles a la par con los empleados de la gran industria y las grandes organizaciones financieras, es algo más bien reciente.

No fueron los capitanes del desarrollo industrial los de la idea, pues los fundadores del capitalismo eran gentes sobrias.  Tal vez la idea viene más por el lado de la corona inglesa y  la manera de retribuir a sus corsarios oficiales, quienes, ciertamente, corrían riesgos en las luchas con las armadas enemigas y los huracanes del trópico.

También el famoso concepto pudo haber cobrado fuerza entre algunos organismos internacionales, que más que universalistas, son apátridas, y no tienen otro compromiso que el de darle vida y sustentación a una burocracia que no merece tanto como honorarios y retribuciones atesora. El concepto, que no es de Leonel, pero que floreció como nunca en sus gobiernos, tiene que ver también con los recientes desarrollos de los ingenieros y expertos financieros que en las últimas décadas asfixiaron al mundo con sus burbujas artificiosas en las que solamente ellos han podido respirar, a costa de los erarios.

 Que es bastantemente lo mismo que ocurre con nuestros funcionarios y nuestros legisladores, quienes han construido una modernidad y una globalización (o más bien un globo) en el cual solamente ellos flotan “airosos por los aires”. 

Pero no es cuestión de buscar ahora el origen y los culpables del desastroso y abusivo uso de los recursos públicos en sueldos y canonjías, en dietas y sobre sueldos, además de los obscenos gastos de “representación”. Sino de la oportunidad que se le presenta al nuevo gobierno y al país de sacarnos de encima tanta iniquidad e inequidad. Con el consiguiente pase para el saneamiento de las finanzas públicas. Oportunidad de oro, pues el nuevo presidente tiene todo el derecho y la posibilidad de seleccionar los nuevos titulares y de negociar sus condiciones salariales y retributivas.

No tiene, así, el nuevo mandatario que violar nuestra famosa ley salarial, en cuanto que esta prohíbe la reducción de salarios (aunque estemos quebrados). Por otra parte, si el presidente Medina ha de repetir a algunos funcionarios (que hace tiempo dejaron de ser pobres), tan solo tiene que reducirles los beneficios colaterales o, en caso excepcional, cancelarlos, liquidarlos y contratarlos de nuevo. De todos modos, es posible que los funcionarios que, en virtud de sus méritos por buen servicio a la nación (que los hay) sean requeridos para la nueva administración, estén en disposición de sacrificarse un poco en aras del enorme beneficio que ello tendría para la reconstrucción de la moral pública y administrativa, cual sería un ejemplo, por sí solo, capaz de redimir el alma nacional en pos de un verdadero cambio de mentalidad de los hombres de Estado.

Y del pueblo en general, el cual se sentiría muy estimulado a cambiar de conducta, incluido el empresariado, que en ese caso no opondría mayores resistencias a una reforma fiscal integral.