DARÍO MELÉNDEZ
Se espera que una vez establecido el comercio libre, existan oportunidades francas y sin estorbos para toda persona emprendedora que desee incursionar en actividades lucrativas, libres de las trabas y restricciones que impone un estado interventor. Surge la duda de si un régimen aferrado al fiscalismo, donde un impuesto es más importante que un producto, permitiría a la población medrar sin las cargas y gravámenes que el Estado requiere, para sostener el nivel de gastos que actualmente mantiene y honrar compromisos propios y heredados, costos que la población productiva asume y no le permiten intercambiar en las condiciones de competitividad que un mercado libre exige.

Las exigencias laborales de un personal carente de tecnología, capacidad productiva y disciplina de trabajo, frente a los altamente disciplinados y técnicamente capacitados operarios norteños, europeos u orientales, precisa de comprensión y sacrificio. Las críticas al pago de mano de obra barata, que el medio puede ofrecer por productos mediocres; las leyes, altamente lesivas a la producción, que autorizan de un plumazo embargo y despojo de valores productivos instalados mediante años de dedicación y esfuerzo, pasibles de ser confiscados por cualquier abogado en poder de un reclamo laboral, altamente protegido por la ley mediante un contrato impuesto, en contra del derecho natural a la libre contratación, todo lo cual espanta las inversiones productivas, poco dispuestas a arriesgar sus ahorros en condiciones tan lesivas, teniendo amplias oportunidades lucrativas con sólo importar y vender.

La Constitución Nacional en su artículo 8 protege de maneras expresa al asalariado y asigna al gobierno funciones de empleador y protector de empleados, distrayendo hacia la burocracia estatal mano de obra improductiva, sin que la Carta Magna haga mención alguna a proteger la producción de riquezas, base del bienestar colectivo.

De persistir esas condiciones, la industria nacional no podrá alcanzar el nivel de competitividad que exige un mercado libre; las actividades comerciales habrán de circunscribirse a simple importación y venta de productos terminados, sin que los técnicos y obreros criollos encuentren oportunidad de desarrollar su capacidad, hacer carrera ofreciendo su talento y fuerza de trabajo a industrias locales, porque la actividad fabril no resulta atractiva, siendo objeto de permanente asedio por las disposiciones oficiales vigentes.

El empleador, que crea y mantiene las fuentes de trabajo, es el cruel y despiadado burgués, del cual ha de protegerse al empleado; la fuente de trabajo es objeto de trabas y restricciones para que no haga daño al sufrido proletario; las empresas que buscan crear empleos han de obtener permiso para instalarse, ceñirse a leyes que imponen condiciones insoportables, asumir altos costos y fuertes controles oficiales, que le impiden progresar y desarrollarse, como se observa en las casi vetustas industrias instaladas en las limitadas zonas fabriles del país; su estancamiento contrasta con negocios de simple compra y venta, servicios financieros o distribución de productos extranjeros, lo que indica que obreros y operarios nacionales no tienen oportunidad de ofrecer y desarrollar su capacidad y tecnología productiva en las limitadas condiciones en que la industria criolla opera; no siendo rentable la actividad fabril en nuestro medio, las instalaciones existentes lucen estacionarias, sin que hayan podido alcanzar el necesario nivel de desarrollo para proyectarse internacionalmente.

La insoluble deficiencia del servicio de electricidad, políticamente en manos del Estado, los altos intereses para apuntalar una moneda innecesaria, que obliga a un superfluo y costoso cambio monetario, al alto precio a pagar por un Estado empleador de personas improductivas, restando al sector privado su capacidad de absorción de mano de obra, que permita liberar la costosa carga estatal y quitar vigencia al elefante blanco que constituye el populismo, característico de la política vernácula; el cúmulo de embajadores, cónsules, emisarios, legisladores, secretarios, ayudantes, provincias, municipios y empleados supernumerarios que nada aportan, todo ese costo oficial ha de cubrirse con sudor productivo, constituyendo un pesado lastre, una ancla que se arrastra, frente a países con reducida burocracia y amplia capacidad productiva.

No basta aprobar un tratado; libre comercio significa reconocer y extirpar las limitaciones que impone el sistema, limitaciones que deben obviarse mediante eliminación total de cargas pasivas y estorbos, como hiciera la isla de Formosa al convertirse de inhóspito islote en la nación más rica, entre las que forma el grupo de pequeños países subdesarrollados.