Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del de la Liberación Dominicana (PLD) denunciaron ayer que funcionarios del gobierno de Luis Abinader usan los fondos públicos para conquistar alcaldes y autoridades municipales para que abandonen esas organizaciones y pasen al Revolucionario Moderno (PRM).
Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD y Andrés Navarro, miembro del comité central del PLD, acompañados de otros dirigentes de sus respectivas organizaciones acudieron ante la Junta Central Electoral donde se reunieron con el pleno y entregaron un documento que, además, fue consensuado con la Fuerza del Pueblo, en que según explicaron hacen llamado de alerta contra lo que consideraron una ofensiva que han montado funcionarios que son dirigentes del PRM para estimular el transfuguismo.
“Le hemos venido a denunciar esto a la junta, pero, al mismo tiempo le venimos a decir nuestra preocupación, pues eso es una violación a la Ley de Partidos políticos, que también atenta contra la democracia y contra el sistema de partidos”, expresó Guzmán.
Advirtió que les hacen una serie de recomendaciones a los miembros de la JCE para que en lo inmediato sea frenada esta práctica, entre ellas la de que designe una comisión especial para que investigue a fin de que en el próximo proceso electoral la justicia y la equidad esté garantizada.
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Navarro cree injusto
Aunque no se atrevió a revelar los nombres de los conquistados, ni de los conquistadores, Navarro fue enfático al destacar que el PRM lo hace en actos públicos y lo venden como una estrategia de marketing de un supuesto fortalecimiento del partido.
“Desde altos dirigentes del PRM, con asiento en el Palacio Nacional, están acosando día a día en el territorio a nuestros alcaldes y directores de distrito, incluyendo a regidores”, denunció.
El dirigente del PLD culpó al oficialismo de “estar pisoteando la institucionalidad y se irá agudizando en la medida que se acerquen las elecciones”.
Andrés Navarro consideró injusto que para accesar a los recursos que por ley les corresponden a los ayuntamientos sea necesario que un alcalde se someta a la humillación de que se le pide que se juramente en el PRM.