Tan pronto el Poder Ejecutivo sometió ante el Congreso el proyecto de ley de “Desarrollo del Mercado Hipotecario” se desataron algunas voces oponiéndose al supuesto uso por parte del Gobierno de los ahorros de los trabajadores.

La idea de este proyecto fue el resultado de la preocupación genuina por estimular el sector construcción, facilitar la adquisición de viviendas a los trabajadores y diversificar la cartera de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y así desde el 2008 un equipo integrado por las Superintendencias de Bancos (Rafael Camilo coordinaba los trabajos) Pensiones, Valores, Banco Central, Asociación de Bancos Comerciales, Liga Dominicana de Ahorros y Préstamos y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, los cuales lograron el consenso partiendo de un borrador elaborado por una prestigiosa firma local de abogados.

El 25 de febrero del 2009  la Junta Monetaria aprobó el proyecto, el cual fue sometido al Poder Ejecutivo y enviado al Congreso, perimió, surgieron observaciones por parte de la DGII y de otros actores, reiniciándose los trabajos en el 2009 y el proyecto consensuado fue aprobado por la Junta Monetaria en marzo de este año y remitido al Poder Ejecutivo, que lo revisó y sometió al Congreso.

Desde los objetivos del proyecto (art. 2) se precisa con claridad que “La presente Ley tiene por objetivo crear las figuras jurídicas necesarias o fortalecer las existentes para poder desarrollar el mercado hipotecario dominicano, canalizar los recursos de ahorro de mercado de capitales hacia el sistema de financiamiento de viviendas de largo plazo…”. Y así el proyecto contempla la creación de la figura del fideicomiso e instrumentos financieros como las letras hipotecarias, los bonos hipotecarios y los valores hipotecarios titularizados, entre otros.

Estos instrumentos, emitidos por entidades privadas, pasarán por el cedazo de la Superintendencia de Bancos, la de Valores y finalmente a la Comisión de Clasificación de Riesgos y Límites de Inversión, la cual aprueba o no la adquisición de estos por parte de las AFP y estas entidades privadas decidirán o no invertir dependiendo de la rentabilidad y el riesgo. ¿En dónde entra el Gobierno en todo esto?

Simplemente en ofrecer una multitud de incentivos fiscales a los fideicomisos, a los inversionistas en estos instrumentos y a los adquirientes de viviendas con un costo menor a los RD$2 millones, quienes recibirán la devolución del ITBIS, los impuestos de importación a los insumos empleados en la construcción, así como todo tipo de impuestos relacionados con permisos, traspaso de títulos, etc.

De lo que se trata es de la utilización de instrumentos financieros a cargo de instituciones privadas que serán supervisadas y clasificadas por varias instituciones públicas.

Estos instrumentos serán adquiridos por las AFP, entidades privadas que harán las inversiones dependiendo de la rentabilidad y el riesgo, y finalmente el Gobierno aporta los estímulos fiscales para incentivar el desarrollo de ese mercado hipotecario a favor de la construcción de viviendas económicas para los trabajadores. ¿Por qué oponerse a este proyecto?