Oposición analiza firmas

Oposición analiza firmas

CARACAS (AFP).- La oposición venezolana analizaba este lunes una lista de firmas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) considera dudosas en la petición de un referendo revocatorio contra Hugo Chávez, y mantenía denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, en los disturbios de la semana pasada que dejaron 11 muertos, 1.758 heridos y 410 detenidos, algunos ya libres, según los inconformes.

El gobierno presentó este lunes un balance menor de nueve muertos en Caracas y 108 heridos, 43 con armas de fuego, en un reporte de la Policía Científica.

La alianza opositora Coordinadora Democrática (CD), continúa negociando a puertas cerradas con el CNE, con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, mientras los líderes opositores tienen en su seno dos posturas encontradas

Los opositores cruzaban los datos que les entregó el domingo la autoridad electoral con su propia información, para defender su autenticidad.

El diputado del partido socialcristiano Copei, César Pérez Vivas, destacó la «importancia del análisis de la data para valorar la falta de seriedad del CNE».

«Esa data tiene diferencias con el informe presentado el 2 de marzo por el presidente del CNE, Francisco Carrasquero», aseguró Pérez Vivas.

Carrasquero anunció que de 3.086.013 firmas que presentó la oposición, 1.832.493 fueron validadas y más de un millón de rúbricas colocadas bajo sospecha deben ser ratificadas en un proceso de dos días.

La oposición necesita así probar la validez de más de 600.000 de las firmas cuestionadas para alcanzar las 2.437.080 necesarias para lograr la consulta.

Según el presidente de la autoridad electoral, en algunos casos las firmas coinciden con nombres de menores de edad o personas fallecidas, o los números de documento son incorrectos.

«Tenemos que defender nuestro referendo revocatorio porque esa es la vía pacífica, la vía de la paz», dijo el dirigente Antonio Ledezma, de la agrupación socialdemócrata Alianza al Bravo Pueblo, apuntalando la tesis de quienes defienden las negociaciones.

Este grupo busca concretar las mejores condiciones para cumplir la revisión ordenada por el CNE.

«Las firmas están allí y no podemos aceptar que se negocien», dijo por su parte Jorge Sucre, dirigente del partido Proyecto Venezuela del ex rival de Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, Enrique Salas Romer, abiertamente opuesto a estas conversaciones.

Salas Romer, uno de los cinco directivos de la CD, sostiene que la oposición no debe aceptar los reparos a más de 800.000 firmas observadas por tener la misma caligrafía en los datos de firmantes.

«No podemos reconocer los procedimientos que se pretenden imponer en el CNE para ir a un reparo que no es más que una trampa para legitimar el fraude que se está cocinando con la mayoría oficialista», ratificó Sucre.

Tanto la oposición como el CNE aseguraron previamente que las negociaciones no pasarían del pasado fin de semana, pero este lunes se rumoraba que las conversaciones podrían prolongarse toda esta semana.

Entretanto, la oposición continuaba denunciando la violación de derechos humanos contra sus partidarios en los violentos disturbios de la última semana.

Ningún organismo oficial, sin embargo, ha ofrecido un balance consolidado de número de detenidos, de los 410 que en un principio fueron denunciados.

«La orgía de represión que caracterizó la semana anterior tiene además de heridos y muertos, una manipulación legal que hace el gobierno vía fiscales para imputar a dirigentes de la oposición delitos que no se corresponden con los hechos», dijo el democristiano Pérez Vivas.

Las protestas en los residenciales este y sureste de Caracas y algunas ciudades del país, incluyeron durante varios días cierres violentos de calles y avenidas. En las arterias principales los manifestantes fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional.

Pérez Vivas aseguró que una ley que esgrime el gobierno para reprimir sólo es aplicable en caso de que los fines de las obstrucciones sean «producir una catástrofe».

En contraparte, el jurista Carlos Escarra, cercano al gobierno, subrayó que el artículo es aplicable a quienes fuesen detenidos en flagrancia obstruyendo las vías públicas. «Entiendo que han encontrado en flagrancia a un conjunto de sujetos» detenidos, apuntó Escarrá.

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