Lima.- Tras la disolución del Congreso, la oposición política en Perú ha dado un giro radical en sus posturas y ahora exige unas elecciones generales para “que se vayan todos”, la misma propuesta que hace una semana rechazó con virulencia cuando fue planteada por el Ejecutivo.

Este giro implica la aceptación implícita de que el actual Congreso ya no podrá seguir en funciones, pese a lo cual la facción de legisladores que se niega a aceptar la disolución ordenada este lunes por el presidente Martín Vizcarra se ha concentrado en las últimas horas en pedir que los comicios legislativos que convocó el mandatario sean ahora generales.

Vizcarra llamó a elecciones legislativas para el próximo 26 de enero luego de anunciar la disolución de la cámara por considerar negado el pedido de confianza que hizo el entonces primer ministro, Salvador del Solar, para que se modifiquen los términos de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Renuncia de la presidenta interina. La facción que encabeza el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea, e integran legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, se ha sumado a un pedido que hizo la vicepresidenta Mercedes Aráoz, tras anunciar su renuncia al cargo.

Aráoz, quien el lunes juró como “presidenta interina” ante el grupo rebelde de congresistas, informó este martes a Olaechea que renunciaba porque “se ha roto el orden constitucional” en Perú y que espera que se “conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país».

La vicepresidenta dejó, además, la “presidencia en funciones” que había aceptado horas antes en un acto que luego admitió que fue político, sin mayor efecto en la conducción del país. En respuesta, el nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, aseguró este miércoles que el Gobierno considera que su dimisión a la Vicepresidencia no es efectiva porque la presentó ante un Congreso que “no existe».

Estrategia opositora. Desde su posición, además de insistir en que el Parlamento sigue en funciones plenas, los legisladores han expresado en las últimas horas su pedido de que Vizcarra renuncie o convoque a elecciones generales para acabar con la crisis política en el país.

Consideran que esa dimisión se sumaría a la de Aráoz y permitiría la convocatoria de elecciones generales, aunque mientras tanto la jefatura del Estado debería ser asumida por el presidente del Congreso, a pesar de que este ahora ha sido disuelto. “Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos a elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo, hagámoslo hoy”, propuso Olaechea dirigiéndose a Vizcarra, tras lo cual dijo que si tiene que ser él quien llame a elecciones lo hará.

Un proyecto incostitucional. Este planteamiento se presenta una semana después de que los legisladores opositores archivaran un proyecto que presentó el gobernante para que se acorte el período de gestión de 5 a 4 años, lo que hubiera permitido la convocatoria inmediata a elecciones generales.

Tanto en ese momento, como ahora, la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Rosa Bartra, aseguró que el pedido de Vizcarra fue archivado, sin siquiera llegar al debate en el pleno, porque era inconstitucional. Fue, precisamente, esa decisión la que llevó al entonces primer ministro Del Solar a anunciar que el Gobierno no iba quedarse con los brazos cruzados y a presentar luego un pedido de confianza vinculado con la elección de magistrados del TC.

Normalidad gubernamenta. Mientras que Vizcarra sigue despachando con normalidad y prepara la conformación de su nuevo gabinete de ministros junto con Zeballos, el primer ministro negó la posibilidad de una renuncia presidencial o de modificar el proceso electoral ya en marcha.

Precisamente, tras recordar que el Congreso archivó el pedido de comicios generales, Zeballos dijo que, así quisiera, el gobernante no puede tomar una decisión en ese sentido porque esta tendría que ser aprobada por un pleno del Congreso que ahora no existe.

La capacidad de reacción de la oposición es cada vez más limitada, dadas las restricciones legales y el nulo apoyo ciudadano e institucional que, junto a las limitaciones constitucionales, parecen haberlos llevado a un callejón sin salida.