Seis excandidatos presidenciales emplazaron ayer al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, a que publique las informaciones que dice tener de que desde la oposición política se intentó boicotear las elecciones y actúe con la responsabilidad que le impone su cargo sometiendo a la justicia a los responsables de esos hechos.

Creen que con esas declaraciones ilegitima aún más el proceso, que consideran el más  fraudulento de la historia democrática del país.

Los excandidatos acusan a Rosario de asumir un rol personal y no institucional, como era su deber en un órgano colegiado como la JCE, y de parcializarse de manera ostensible con el Partido de la Liberación Dominicana.

Advirtieron que no reconocen los resultados que intenten imponerse por la fuerza del poder, ya que han sido anunciados en violación de la ley y cuestionan, por tanto, la gobernabilidad democrática los próximos cuatro años. El documento está firmado por Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Minou Tavárez Mirabal, de la Alianza Por la Democracia (APD); Guillermo Moreno, de Alianza País (ALPAIS); Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional PUN).

Reiteraron su demanda a la JCE para que entregue copias manuales que certifiquen un escrutinio confiable de los votos en todos los colegios electorales, y que en los lugares donde resultare imposible recuperarlas sea anulado el proceso y se celebren nuevas elecciones. “Que permitan la manifestación soberana de la voluntad popular como única forma de garantizar autoridades electas revestidas de legalidad y legitimidad”, precisan.

Rechazan la evaluación que hiciera el jueves el presidente de la JCE sobre las elecciones, calificándolas de “libres, limpias, competitivas y transparentes”, tras señalar que, por el contrario, han resultado las más corruptas y peor organizadas que recuerde la historia democrática de la nación.

Cuestionan que el presidente Danilo Medina usara y abusara de los recursos del Estado sin que la JCE, órgano rector del proceso electoral, hiciera uso del artículo 212 de la Constitución de la República, que la faculta para tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la equidad y los valores democráticos en un proceso electoral.

Aseguraron que el hecho de que la JCE no asumiera sus responsabilidades permitió que los colegios electorales y sus alrededores se convirtieran en mercados de compra y venta de cédulas y votos y se ejerciera presión sobre los delegados de la oposición con la complicidad, muchas veces, de miembros de los colegios electorales y de agentes de la Policía Electoral.

Consideraron absurda la versión de Rosario en el sentido de que la culpa de los graves problemas e irregularidades suscitados en el escrutinio de los votos en los tres niveles, presidencial, congresual y municipal, recaiga sobre el justo reclamo de los suscritos como candidatos presidenciales de la oposición para que los votos del pueblo se contaran manualmente, como lo establece la ley y como siempre se han contado.

Deploran que lejos de ofrecer explicaciones de orden institucional para disipar las graves dudas sobre las elecciones, Rosario optara por preocupaciones e interpretaciones de orden personal que ilegitiman el proceso en curso.
Otro punto que deploran es la tardanza con que llegaron al país los equipos electrónicos para ser usados en las votaciones, apenas 19 días tantes.