Puerto Príncipe
EFE
La oposición haitiana, agrupada en el G-8, advirtió ayer que no aceptará un “golpe parlamentario” de una “persona que no venga de elecciones limpias”, un día después de que el país cayera en un vacío de poder tras finalizar el mandato presidencial de Michel Martelly sin que se elegiera un sucesor. En un comunicado, el G-8 condena “la naturaleza antipersona y antidemocrática” del acuerdo logrado el sábado entre el Ejecutivo y el Legislativo para la instalación de un Gobierno provisional tras la salida de Martelly. A la vez, lamentó haber tenido que enterarse a través de la prensa del pacto firmado entre Martelly, el presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Jocelerme Privert, y el titular de los Diputados, Cholzer Chancy.
Para la oposición, el Congreso Nacional (bicameral) es, precisamente, “parte del problema».
El acuerdo, según los denunciantes, “intenta validar las elecciones de 2015 como si fueran normales sin tener en cuenta las protestas populares que terminaron con varios muertos y la rotura de la sociedad haitiana».
“Eso es una provocación a las masas y a la clase media haitiana”, subrayó el G-8 en su comunicado. Tras asegurar que “renueva su propuesta” de poner fin a la crisis a través de la Corte de Casación, la agrupación indicó que “el Parlamento es parte de la crisis y por ello no puede decidir sobre la solución a la misma».
En ese sentido, agregó que el acuerdo no “simboliza la esperanza para las masas populares ni para la clase media” y “no tiene en cuenta el consenso general alcanzado en la sociedad de darle su poder a la Corte de Casación, que siempre ha jugado un papel positivo a la hora de resolver la crisis política». Para la oposición, el acuerdo político “solo hace posponer la crisis” y “beneficiar” a las actuales autoridades. Ante las disputas políticas, el director de la Policía Nacional de Haití, Godson Orelus, llamó a la población a la calma, al tiempo que garantizó la seguridad en el país. Señaló que solo la Policía Nacional “tiene mandato para intervenir en el proceso de seguridad” y que los exmilitares del disuelto Ejército Nacional que han salido a las calles estos días “no tiene autoridad para portar armas». “Estamos ante una situación muy particular y es nuestro deber asegurar que todo está bajo control”, subrayó en rueda de prensa. Aseguró que se han dado órdenes a los jefes departamentales para asegurar la vida de los ciudadanos.