Oposición llama a luchar ley partidos consensuada

Oposición llama a luchar ley partidos consensuada

El bloque de partidos políticos opositores llamó a la ciudadanía a movilizarse para lograr una ley de partidos y reforma de la ley electoral por consenso.
Las doce organizaciones que integran el bloque, anunciaron que, ante el intento del presidente de la República de hacerse un traje a la medida con esas normativas, iniciarán un plan de lucha en procura de leyes que garanticen elecciones libres, limpias y competitivas, que garanticen y fortalezcan el sistema democrático.
“Hoy más que nunca necesitamos leyes que incluyan sanciones drásticas contra el financiamiento ilícito de la política y elecciones libres de traumas”, expresaron en un documento dado a conocer ayer.
El grupo considera que una ley y reforma consensuada entre partidos, junta Central Electoral y Congreso sería lo que evitaría unas elecciones traumáticas como las del pasado 15 de mayo.
Sostienen que el financiamiento de las actividades políticas ha evidenciado escandalosamente el costo millonario que implican las campañas electorales en todos los niveles, lo que ha propiciado la conformación de poderes públicos proclives a los compromisos corruptos y a los pactos de impunidad que hoy carcomen el sistema político y la democracia dominicana.
Un ejemplo de eso, citan, es el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, cuyos ejecutivos han confesado el financiamiento de campañas electorales en América Latina, incluida República Dominicana.
“Para nadie en la República Dominicana resulta aceptable una reforma electoral y una ley de partidos que no garanticen transparencia y controles en el financiamiento de las campañas y límites en la duración de las mismas, la equidad en el acceso a la propaganda y a los medios de comunicación”, dice el documento.
Abogan por el control y vigilancia de las contribuciones públicas y privadas y un adecuado régimen de consecuencias.

Aseguran que no basta una simple aprobación de ley y reforma electoral si no atacan y sancionan el financiamiento ilícito y oculto. Entienden que ante la negativa del diálogo solo queda la movilización.

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