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Seis excandidatos presidenciales opositores que participaron en las pasadas elecciones del 15 de mayo, llamaron hoy a los dominicanos a unirse alrededor de una reforma democrática integral que incluya la elección de nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), a los fines de que sean «independientes e imparciales, que no estén al servicio de los partidos políticos».
La declaración está suscrita por los ex candidatos Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Guillermo Moreno, de Alianza País (AlPaís); Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); Minou Tavárez Mirabal, de Alianza por la
Democracia (APD); y Zoraya Castillo, quien representó al Partido Unidad Nacional (PUN).
De igual forma, también está firmada por los principales directivos de las organizaciones políticas antes mencionadas, así como también por el Frente Amplio, y los partidos Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano y Reformista Social Cristiano.
Precisaron que los órganos electorales llamados a organizar los comicios y a dirimir los conflictos en la materia, no pueden seguir estando al servicio de un partido político (en referencia al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), «en franco abuso a los principios democráticos más elementales».
En ese orden, los dirigentes políticos pidieron la aprobación de una nueva ley electoral que prohíba el uso y abuso de las funciones públicas y de los recursos del Estado con fines político-electorales.
«Las reglas de juego vigentes no aseguran ni ofrecen garantías de una participación justa en el plano político. Nuestro país requiere un sistema electoral con sanciones claras y ejemplarizadoras contra quienes idean, organizan y ejecutan delitos electorales», enfatizaron.
Agregaron que las reglas inequitativas «deben ser superadas de una vez y por todas si se quiere asegurar la celebración de elecciones democráticas en 2020, la paz social y la gobernabilidad democrática en el país».
Entre las reformas exigidas por los dirigentes, se incluyen además la aprobación de una ley de partidos que garantice la democracia, la transparencia sobre el origen y el uso de todos los recursos públicos y privados que reciben los partidos, la equidad de género, así como la equidad en cuanto al uso de los medios de comunicación y los espacios públicos, entre otros.
Indicaron que no aceptarán la aprobación una ley de partidos carente de contenidos reales, «cuyo objetivo primordial sea su uso propagandístico».
«Ante el colapso del sistema electoral, la pérdida generalizada de confianza y el progresivo derrumbe de la institucionalidad, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y prácticamente todas las instituciones más representativas del sector empresarial, han asumido la denuncia que habíamos venido formulando, insistiendo en la necesidad de restaurar la confianza como prerrequisito para el mantenimiento de la gobernabilidad democrática en nuestro país».
