La oposición en Puerto Rico dio ayer los primeros pasos para intentar la destitución del gobernador, Ricardo Rosselló, participante en un chat del Ejecutivo filtrado a la prensa, a través de los mecanismos que establece la Constitución para ese proceso en las cámaras legislativas.
Rosselló pierde por momentos apoyos tras la crisis institucional sin precedentes que siguió a la filtración, el sábado, de casi 900 páginas de un chat del sistema de mensajería Telegram que incluye comentarios homofóbicos, insultos e, incluso, bromas sobre los muertos por el huracán María de 2017. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) fue el primero en presentar una resolución a través de su portavoz en la Cámara de Representantes, Denis Márquez.
La resolución número 1465 tiene como objetivo iniciar el proceso legislativo de “residenciamiento” que dispone la Constitución, que fue acompañada del pliego acusatorio que contiene la lista los delitos que se le imputan al gobernador de Puerto Rico, según un comunicado de esa formación. El “residenciamiento” es el mecanismo constitucional mediante el cual las cámaras legislativas pueden acusar y enjuiciar al gobernador con el fin de destituirle del cargo, bajo ciertas circunstancias como la comisión de soborno, traición, delito grave o menos grave que implique depravación. La resolución también ordena la creación de una comisión especial para comenzar el proceso.
“El presidente de la Cámara tuvo la oportunidad en el día de ayer de unirse al reclamo general del país urgiendo la salida del gobernador de su puesto. El presidente le dio la espalda al pueblo y escogió estar del lado de Ricardo Rosselló y del Partido Nuevo Progresista -PNP, gobernante- al descartar iniciar un proceso de ‘residenciamiento’”, indicó.