CARACAS (EFE).- La oposición venezolana anunció ayer que radicalizará sus protestas callejeras, tras adelantarse en medios radiofónicos que las firmas validadas por el Poder Electoral para el referendo contra el presidente Hugo Chávez son insuficientes.

El presidente del autónomo Consejo Nacional Electoral (CNE), Francisco Carrasquero, adelantó en declaraciones de prensa que el organismo ha validado 1,8 millones de firmas, de los 2,4 millones (un 20 por ciento del electorado) requeridas para la celebración de esa consulta.

A falta de un pronunciamiento oficial y formal del CNE, que se espera hoy en una cadena nacional de radio y televisión, Carrasquero dijo a la BBC que al margen de los 1,8 millones de firmas validadas existen otras dudosas que deberán pasar a una fase de ratificación.

Los opositores lograrían su objetivo de convocar la consulta presidencial si al menos 600.000 titulares de las firmas dudosas confirman expresamente su autenticidad, en unas jornadas que el CNE celebrará entre el 18 y 22 de marzo.

«Este es un golpe de Estado constitucional y vamos a movilizarnos en los 350 municipios que existen en todo el país», reaccionó el diputado Andrés Velásquez, quien dijo que hablaba como portavoz de la coalición opositora Coordinadora Democrática (CD).

Velásquez calificó de «irresponsabilidad» que Carrasquero adelantara a un medio de prensa extranjero lo que debe anunciar de manera oficial, y anunció que la CD esperará hasta entonces para divulgar en detalle su plan de protestas radicalizadas.

Las declaraciones del presidente del CNE ocurren en el quinto día consecutivo de disturbios, en demanda de la validación de los más de 3,4 millones de firmas que la oposición dice que recabó.

Pero el oficialismo ha denunciado un «megafraude», porque asegura que la mayor parte de las rúbricas son amañadas y las válidas no alcanzan el mínimo necesario que marca la Constitución.

Las firmas se revisan desde mediados de diciembre pasado por técnicos del CNE, asistidos por seguidores y detractores del Gobierno, así como observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter (CC), que respaldan al CNE y piden el cese de la violencia en las calles.

En los disturbios ya han muerto cinco personas por heridas de bala, otras 50 han resultados heridas y existe un número no detallado de detenidos, entre ellos algunos dirigentes de la CD.

Las principales organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han responsabilizado por igual a detractores y afines al Gobierno, e incluso a las fuerzas del orden, de la violencia que afecta a algunas zonas acomodadas de Caracas y de otras ciudades.

Las organizaciones humanitarias condenan a cuerpos policiales de municipios regidos por alcaldes opositores por «su participación directa en la colocación de barricadas y otras alteraciones del orden público, así como por omitir su deber de garantizar el orden público», según destacaron en un comunicado.

Las organizaciones que firmaron este documento son, entre otros, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, la Fundación Justicia y Paz de Petare y la Red de Apoyo de la Justicia y la Paz.

El comunicado añade que esos cuerpos de seguridad de los municipios regidos por alcaldes opositores «no pueden constituirse en brazos armados subordinados a parcialidades políticas», y pide que su actuación sea «investigada y sancionada».

También considera que la Guardia Nacional, al mando del Gobierno, ha usado una «fuerza desproporcionada» para controlar los disturbios, que no se han generalizado.

Piden así mismo la inmediata libertad para quienes se han expresado de forma pacífica, pero condena el uso de armas de fuego de «afectos o adversarios al Gobierno».

A los medios de comunicación nacionales, las organizaciones humanitarias les conminan a abstenerse «de publicar remitidos anónimos y llamados a la violencia» y alentar «la tolerancia y la convivencia».

Sobre el referendo presidencial llaman a que «no se anule ninguna firma lícita», pero que tampoco «se avale ninguna firma fraudulenta» y que se respete la decisión del CNE.