CÉSAR PÉREZ
Lejos de disminuir, los escándalos de actos de corrupción en la práctica política y de violación a las leyes, tanto adjetivas como sustantivas, no deja de aumentar en este país. Una campaña electoral donde se reparten animales y dinero en lugar de propuestas, un debate en torno a un préstamo que, como manda la ley, no fue conocido por el Congreso de la República, la violación a la Ley de Austeridad promulgada por el actual Presidente, para éste comprar tránsfugas, algunos de ellos con casos pendientes con la justicia, etc., sitúan este país en la picota política a nivel nacional e internacional.

Esos, y muchos otros hechos bochornosos, como la denuncia de que decenas de centros escolares públicos aún no han regularizado el inicio de su año escolar por falta de pupitres y otros equipamientos, de niños recién nacidos que mueren en un hospital público porque carece de oxígeno y las instituciones públicas que no pagan regularmente a sus empleados porque carecen de asignación de recursos, crean un clima moral, ideal y político en esta sociedad que está erosionando los más sólidos pilares en que ésta descansa.

El proyecto reeleccionista ha acentuado las lacras de este sistema. La casi totalidad de los recursos del Estado son orientados hacia el molino que mueve las aguas de ese proyecto, corrompe a simples ciudadanos, compra franquicias políticas registradas como partidos en la Junta Central Electoral, a periodistas y medios de prensa. La condena a este estado de cosas es generalizada en todos los segmentos de la población, pero, como una expresión de corrupción de la vida política, no se oye ninguna queja pública en ninguno de las instancias del partido oficial.

Digo expresión de corrupción, porque algunos dirigentes de ese partido, en círculos privado, han manifestado su desaprobación a la forma en que se motoriza e impulsa el carro de la reelección. La unanimidad en el silencio, que se observa en ese partido, constituye una de sus peores atributos en tanto colectividad política, porque estaría mandando el mensaje de que nadie procesa y expresa públicamente un sentir generalizado de la población.

No es normal, en ningún país normal, que un partido que recientemente haya pasado por un proceso eleccionario interno, con resultados acremente cuestionados y rechazados por una buena parte del mismo, puede exhibir una unanimidad en el silencio ante la generalizada condena a los hechos arriba enunciados. Si eso sucede, sería porque la dirección de esa colectividad es autista, no oye, no ve, no lee lo que sucede en su entorno.

A ese silencio anómalo, que expresa otra de las tantas lacras de este sistema, se agrega la actitud de observadores inquietos pero pasivos de una sociedad civil entrampada y paralizada por el chantaje de los políticos. De una sociedad civil que se ha creído el mito paralizante de que sus opiniones y acciones deben ser asépticas, políticamente correctas, equidistantes de la política, como si el principal rol de la sociedad civil no fuera el de exigir ser bien gobernados mediante acciones que muchas veces, inevitablemente, tienen que situarse en el ámbito de la política.

En tal sentido, la falta de verdaderos partidos de oposición, o la existencia de partidos que solamente hacen oposición en períodos electorales, hace imperativo que la oposición al presente proceso de degradación política, moral e ideal de la sociedad dominicana, vaya más allá de la encomiable, sostenida y valiente oposición que llevada a cabo en los últimos años por un pequeño grupo de ciudadanos en uno que otro programa de televisión, o de singulares personas que escriben en la prensa. Esta debe involucrar a todo aquel que desde un lugar en su partido, en su centro de trabajo, en sus instancias de participación ciudadana en todo lugar y momento, esté convencido de que no es posible que sigamos el derrotero que llevamos.

Un derrotero que comienza a darnos una dudosa marca/país, una de cuyas manifestaciones es la ridícula cantidad de votos obtenido por este país, que le impidió ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es imperativo articular voluntades para detener el proceso de generalizació n de corrupción en esta sociedad y esto no puede lograrse al margen del ámbito de la acción política.