Madrid.- Opositores venezolanos, acompañados del expresidente del Gobierno español Felipe González, reclamaron hoy que España lidere en la Unión Europea y en Iberoamérica el rechazo internacional al “fraude electoral” que, a su juicio, suponen los comicios presidenciales convocados para el 20 de mayo próximo.

En rueda de prensa en Madrid, González pidió al candidato Henri Falcón que no se convierta en el “taparrabos” del presidente Maduro participando en unas elecciones “sin garantías».

Asistieron, entre otros, el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, y el expresidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, que tienen previsto reunirse hoy con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, como parte de una campaña internacional para denunciar el proceso electoral “fraudulento».

González acusó al Gobierno venezolano de haber “jugado con el diálogo” con la oposición, mientras que el proceso electoral de ahora no tiene “absolutamente ninguna garantía».

Solo se podía negociar, opinó González, la fecha de las elecciones y las garantías para que fueran limpias. Sobre la mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero entre Gobierno y oposición, González dijo que aquel sabe que él piensa de manera distinta, pero no ha tenido la ocasión de hablar con Zapatero durante media hora del tema.

“Conmigo no se ha reunido, yo se lo he ofrecido». Pidió a los países de la Declaración del Grupo de Lima sobre la Cumbre de las Américas que analicen seriamente la crisis venezolana, que ya es “regional”, y “coordinen seria y formalmente” con la UE “sanciones personales” para los dirigentes chavistas.

La comunidad internacional tiene que coordinar seriamente sus acciones, lo único a lo que es “sensible” el Gobierno de Venezuela es a las sanciones personales, que “cortan las alas de una corrupción generalizada». Se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como “prostiuyente” y de poderes “ilimitados”, un “soviet” que confirmó a Maduro como presidente.

Comparó la ANC con las leyes inconstitucionales que el Parlamento de la región española de Cataluña aprobó en septiembre de 2017 orientadas a la independencia unilateral e ilegal, vulnerando las respectivas constituciones.