Caracas.– La oposición venezolana alista una nueva marcha para este miércoles hacia el centro de Caracas, otro desafío para el presidente Nicolás Maduro al que presiona por elecciones generales con una ola de protestas que en este mes deja 26 muertos. «No puedo tolerar la violencia, lamento la muerte de 26 personas, sean de gobierno o de oposición», dijo la fiscal general Luisa Ortega, en su primear declaración a la prensa desde que comenzaron las protestas el 1 de abril.

Las movilizaciones que realiza la oposición han degenerado muchas veces en choques entre policías y manifestantes radicales, disturbios y hasta saqueos, que han dejado además 437 lesionados y 1.289 personas aprehendidas, según las cifras de la fiscalía.

La oposición ve como única solución a la grave crisis política económica del país petrolero una salida de Maduro del poder, según sus dirigentes a través de elecciones aunque el gobierno los acusa de impulsar un golpe de Estado. «Mañana sigue la calle contra la dictadura (…) Este es el momento en el que ponemos a prueba nuestra resistencia», subrayó el diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, al precisar que la marcha llegará a la Defensoría del Pueblo, en el corazón de la capital.

Pero hasta ahora las manifestaciones hacia el centro, considerado bastión del chavismo, han sido bloqueadas por las fuerzas de seguridad, que las dispersan con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma.

«Esto es una marcha sin retorno hasta que logremos que los venezolanos decidan cómo salir de la crisis», manifestó Julio Borges, presidente del Parlamento, único de los poderes controlado por la oposición. Siete de cada diez venezolanos reprueba la gestión de Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, hastiados de la escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720,5% este año, la más alta del mundo.

«Único diálogo: el voto». Para el analista Luis Vicente León, la presión opositora podría llegar a un nivel de fracturar al chavismo y al sector militar, aliado clave al que Maduro dio gran poder económico y político. Según la consultora Eurasia Group, las manifestaciones muestran que «la oposición está más unida en torno a la estrategia de calle y se muestra revigorizada» en momentos en que el apoyo de la comunidad internacional no parece retroceder.

La Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general Luis Almagro llama «dictador» a Maduro y lo acusa de represión, se reunirá el miércoles de manera extraordinaria para discutir una posible cita de cancilleres ante el recrudecimiento de la crisis en Venezuela Analistas estiman que para disminuir la presión el poder electoral podría convocar pronto a elecciones de gobernadores, que debieron haberse celebrado en diciembre de 2016 y fueron pospuestas, así como las de alcaldes, pautadas para este año.

Aunque la oposición quiere también un adelanto de las presenciales, previstas para diciembre de 2018, el gobierno las ha descartado de plano. Maduro dice querer elecciones para «derrotar» a la oposición, pero habla de las regionales. «Las divisiones en el chavismo probablemente se profundizarán sobre todo de cara a las elecciones regionales y presidenciales.

Las presiones de calle y de la comunidad internacional tienen el potencial de ensanchar sus fisuras», agregó Eurasia. Intentando bajar la crispación, Maduro reiteró su llamado al diálogo. El lunes se reunió con el expresidente dominicano Leonel Fernández, uno de los facilitadores de la fracasada negociación que auspició el Vaticano a fines de 2016. «El único diálogo que quiere el país es el voto», reaccionó Borges.

«Nadie quiere una guerra civil» . Las protestas estallaron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó a fines de marzo las funciones del Parlamento, a lo que dio marcha atrás tras una fuerte presión internacional y la sorpresiva reacción de la fiscalía.

La fiscal Ortega calificó esa sentencia como una «ruptura del orden constitucional» y la oposición exige al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que active un proceso de destitución de los magistrados o de lo contrario «será considerado cómplice del golpe».

Aunque no volvió a referirse a su declaración, Ortega condenó este martes a la violencia y llamó al diálogo: «Requerimos volver al diálogo con interlocutores válidos (…) Nadie desea un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera», aseguró.

El gobierno socialista acusa a la «derecha extremista» de hacer «terrorismo» para dar un golpe de Estado y propiciar una intervención extranjera. Por su parte, la oposición, que exige además respeto a la autonomía del Parlamento, denuncia al gobierno por usar la represión contra una población agotada por la crisis.