Opositor Omar Barboza es elegido nuevo presidente del Parlamento venezolano

Opositor Omar Barboza es elegido nuevo presidente del Parlamento venezolano

Omar Barboza

Caracas.  El diputado opositor Omar Barboza fue elegido hoy como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela para 2018, de mayoría antichavista, en sustitución de Julio Borges durante una sesión en la que también se escogieron los dos nuevos vicepresidentes, también opositores.

Barboza, miembro de la directiva ejecutiva del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), dirigirá el tercer año de sesiones de la AN de los cinco que componen el período legislativo, organismo que actualmente se encuentra despojado de parte de sus funciones por parte de la oficialista Asamblea Constituyente.

Como primer vicepresidente fue nombrado el diputado Julio César Reyes de Avanzada Progresista (AP), y como segundo vicepresidente a Alfonso Marquina de Primero Justicia (PJ).

Pasados presidentes. El Parlamento venezolano, que fue despojado de sus competencias justo después de tomar posesión la mayoría absoluta opositora surgida de las elecciones de diciembre de 2015, ha sido presidido en 2016 por el diputado Henry Ramos Allup, de Acción Democrática (AD), y por Julio Borges, de Primero Justicia (PJ) en 2017.

En los dos próximos años corresponderá a Voluntad Popular (VP) del opositor presos Leopoldo López y a algún partido de las minorías de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática elegir a los que presidirán el Parlamento en 2019 y 2020.

Entretanto, la oficialista Asamblea Constituyente instalará también durante este viernes su período de sesiones con el debate de una Ley para el sistema de abastecimiento del Gobierno, los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), según informó la presidenta de este ente, Delcy Rodríguez. 

La Constituyente que fue creada para redactar una nueva Constitución se ha encargado, desde su instalación en agosto pasado, de debatir diversas normas como la Ley contra el Odio que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el fascismo».

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