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CARACAS (AFP).- Numerosos opositores venezolanos han pedido asilo en diferentes países durante el gobierno del presidente Hugo Chávez antes que ser juzgados en Venezuela, donde no creen que puedan tener juicios justos, mientras las autoridades advierten que se pervierte el uso de esa figura diplomática.
Este viernes El Salvador negó el asilo a los ex jefes de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero, quienes se habían refugiado en la embajada de ese país en Caracas.
Vivas y Forero están acusados de ser autores intelectuales de los disparos hechos por efectivos de la PM durante el tiroteo del 11 de abril en medio de manifestaciones que preludiaron el golpe de abril de 2002 que sacó a Chávez del poder por 47 horas.
La lista de solicitantes de asilo la encabeza el coronel Pedro Soto, primer oficial activo que inició un goteo de efectivos en rebeldía contra Chávez en febrero de 2002 y quien se refugió junto a otros nueve oficiales en la embajada de Bolivia poco después del golpe de Estado.
Bolivia sirvió de puente a estos oficiales y algunos de ellos viajaron luego a Estados Unidos, donde pidieron asilo político, entre éstos Soto, el coronel de aviación Silvino Bustillos y el capitán de la Guardia Nacional Luis García Morales.
El contralmirante Carlos Molina Tamayo, uno de los más activos militares de alto rango que participaron en los sucesos de abril de 2002 recibió en junio de 2002 asilo en El Salvador.
El empresario y ex presidente de la patronal Fedecámaras, Pedro Carmona, recibió asilo en Bogotá, tras refugiarse en la embajada de ese país en Caracas al fugarse de su residencia, donde cumplía arresto domiciliario mientras era juzgado por autoproclamarse presidente y deponer brevemente a Chávez.
El 2003, los militares Carlos J. Blondell y Otto A Gobaver Morales recibieron asilo en Uruguay; Carlos Ortega, ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en Costa Rica; los capitanes y hermanos Ricardo y Alfredo Salazar Bohorquez en República Dominicana y el capitán Wisnet Martínez y el subteniente Gilberto Landaeta en Perú.
Sus casos están vinculados al golpe y al paro petrolero de 65 días que dejó más de 10.000 millones de dólares en pérdidas al país.
El empresario Carlos Fernández, quien sustituyó a Carmona al frente de Fedecámaras, vive en Estados Unidos, país al que pidió asilo político.
El opositor Manuel Corao declaró en enero de este año en Miami que al menos 899 venezolanos habían pedido asilo en Estados Unidos y que a 168 se les había otorgado.
Los tenientes de la Guardia Nacional José Colina y Germán Varela, acusados de estar implicados en atentados en sedes diplomáticas en el año 2003 en Caracas, están presos en Estados Unidos y Venezuela pidió su extradición y otro sargento disidente, Jorge Pinto, también pidió asilo en Miami.
Algunos de los solicitantes de asilo, a quienes no se le seguía juicio en el país, regresaron en varias oportunidades y participaron libremente en manifestaciones y actividades políticas, entre éstos Soto y Bustillos.
Costa Rica le revocó el asilo a Ortega en agosto pasado por continuar sus actividades contra el gobierno de Chávez y viajar a Venezuela en julio de 2004.
El teniente del Ejército Emelcar Delgado, presunto implicado en el robo de explosivos antes del referendo, espera aún respuesta de Uruguay a su petición de asilo .
Las autoridades venezolanas han criticado que opositores investigados por diferentes delitos como robo de explosivos y atentados en las embajadas de España y Colombia obtengan asilo.
El ministro de Información, Andrés Izarra, se refirió este viernes a la negativa de asilo a Vivas y Forero señalando que «respetamos esa decisión (que) privilegia el uso del asilo para situaciones que realmente lo ameritan y no utilizar esa figura diplomática para encubrir acciones criminales».
