Más de 300 organizaciones de la zona Norte del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo exigieron a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret)  detener los desalojos en la margen de los ríos Ozama e Isabela, tras advertir graves confrontaciones sino hay consenso.

En tanto que el ingeniero Leonel Carrasco, subdirector de la Opret, admitió que ese organismo cometió un grave error al no tomar en cuenta a las organizaciones sociales antes de iniciar los trabajos de continuación de la avenida Perimetral.

En  reunión ayer con el organismo, los representantes del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeb), Ciudad Alternativa, así como de las iglesias, y de organizaciones de los barrios que bordean los ríos Ozama e Isabela, demandaron informaciones precisas y por escrito sobre la intervención del Gobierno en esa zona.

En tal sentido, el funcionario se comprometió a realizar un censo, conjuntamente con las organizaciones sociales, en los barrios que serán intervenidos, para determinar cuántas familias y en cuáles lugares habrá remoción de casas.

Reiteró que por el momento la segunda  línea del Metro no pasará de la avenida Máximo Gómez, debido a que no hay recursos ni el tiempo del presente período alcanza para una obra de esa naturaleza.

“Entonces, el Gobierno lo que ha hecho es que ha mutilado para otra etapa, para después de 2012, la línea 2B, que va desde la Máximo Gómez hasta San Luis”, explicó Carrasco a los representantes comunitarios, reunidos en el local de Copadeba.

Debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez han sido vaciados más de 300 camiones de tierra.

Vía Perimetral

Leonel Carrasco precisó que cuando las máquinas lleguen donde están los asentamientos humanos no intervendrán sin antes coordinar con las organizaciones barriales.

Casuchas derribadas

Decenas de casas fueron tumbadas  en la margen del río Ozama, en el barrio de Gualey, algunos  de acuerdo con el ingeniero Carrasco habían levantado casuchas en una zona donde no había viviendas, con la finalidad de que la Opret pague las propiedades.