Pekín. AFP. La abolición en China de los campos «de reeducación a través del trabajo» es alentadora, estiman expertos y antiguos presos, aunque se desconoce si serán reemplazados en un contexto de creciente represión de la disidencia.

Los dirigentes del Partido Comunista Chino (PCC) tomaron la decisión de cerrar estos polémicos campos en un cónclave de cuatro días, en el que también se adoptaron importantes reformas económicas y se decidió flexibilizar la política del hijo único. Las medidas fueron reveladas el viernes.

«Más vale ver el sistema abolido, que verlo perdurar. Tengo un optimismo prudente», reaccionó un antiguo preso, Peng Hong, contactado por teléfono por la AFP.

Muy impopular, el sistema de campos de reeducación a través del trabajo o «laojiao» permite detener a personas por simple decisión policial sin recurrir a los tribunales por un periodo de hasta cuatro años.

Fue creado en 1957 durante el régimen de Mao Zedong para castigar los delitos menores.

Pero las autoridades locales también recurren a estos campos para quitarse de encima a sus detractores, a los internautas que las critican o a aquellos que ejercen el «derecho de petición», es decir, la posibilidad de denunciar los abusos ante los niveles superiores de la administración.

Peng fue condenado en 2009 a dos años de detención por haber compartido en internet una caricatura que ridiculizaba una campaña antimafia lanzada en Chongqing (sudoeste).

La policía fue a su casa una noche y seis días después ya estaba en el campo, donde los guardianes lo desnudaron y lo golpearon. Fue el comienzo de un largo calvario.

Un periodo sombrío.  «Tengo muy malos recuerdos. Si lo recuerdo, me cambia completamente el humor. Para mí fue un periodo sombrío», comentó Peng Hong.

Es muy posible que la abolición de los campos «no cambie de forma espectacular la suerte de la mayor parte de la gente afectada por la reeducación a través del trabajo. Permanecerán detenidos probablemente en otro sitio», advirtió Randy Peerenboom, profesor de derecho de La Trobe-University de Melbourne.

Dichas personas podrían ser objeto de detenciones administrativas de 15 días o de sentencias bajo el régimen penal, estimó.

El código penal chino autoriza que los tribunales decreten arresto domiciliario de hasta 24 meses contra delincuentes, o bien penas de detención de uno a seis meses en un establecimiento policial, afirma un medio de comunicación oficial chino.

Pu Zhiqiang, abogado y defensor de los derechos humanos basado en Pekín, considera sin embargo que la situación debería «mejorar un poco».

«Antes no había absolutamente ningún fundamento legal (…) Podían enviar a alguien a un campo según les pareciese. Ahora habrá que inculparlo con un motivo» y pasar por la justicia, explicó.

Atropellos y confesiones bajo tortura.  El sistema jurídico chino sigue sin embargo sometido a la autoridad del Partido y minado por los abusos, las confesiones obtenidas bajo tortura y la casi ausencia del derecho de defensa.

El final de los campos de reeducación «sólo tendrá un impacto significativo si el gobierno garantiza que no se establecerá ningún otro sistema de detención sin juicio» para sustituirlos, recordó el sábado Brad Adams, director para Asia de la ONG Human Rights Watch.

Los llamamientos a reformar el sistema de campos de trabajo se habían multiplicado, sobre todo a raíz de la controversia suscitada por el caso de Tang Hui.

Esta mujer luchó siete años para que se hiciera justicia después de que su hija de 11 años fuese secuestrada, violada y obligada a prostituirse. Quería que condenasen a los policías a los que acusaba de haber cubierto a los culpables.   Pero acabó condenada a 18 meses de campo de trabajo en agosto de 2012. Ante el diluvio de reacciones en internet, fue liberada al cabo de una semana.

«Creo que muchas de las personas ya habían entendido que el sistema era injusto», declaró ella a la AFP, diciendo que estaba «contenta» con la abolición.   Aunque los nuevos dirigentes insisten en la necesidad de promover una justicia más equitativa, la represión de los disidentes se ha intensificado en los últimos meses, con detenciones de internautas y de blogueros que denunciaban la corrupción.

«Es muy decepcionante», comentó Pu Zhiqiang. «Todavía queda un largo camino para construir un país regido realmente por el Estado de derecho».