Las prestadoras de servicios de telecomunicaciones Orange y Claro rechazaron ayer la iniciativa senatorial encaminada a eliminar el cobro del «roaming» o comunicación itinerante de voz y datos con Estados Unidos y Centroamérica, tras considerar que, en tal caso, se estaría incurriendo en una injerencia excesiva a las actividades comerciales del sector y en un atentado directo a la libertad de empresa.
Ambas firmas se refieren a la solicitud de un proyecto de resolución de los senadores Julio César Valentín, José Rafael Vargas, Santiago Zorrilla, Rubén Darío Cruz Ubiera, Adriano Sánchez Roa y Manuel Güichardo, para que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) promueva la eliminación del cobro del «roaming» a los usuarios.
En carta dirigida al senador Vargas, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, Orange destaca en su documento, firmado por Desiree Escoto Sánchez, que «el precio del servicio de «roaming» es dictado por los costos del transporte, y de terminación de la llamada, no así por los costos de la operadora local, no estando en nuestro control la reducción o eliminación de dichos costos para los dominicanos».
Crea pérdidas. «Si bien la pretensión es la de regular en beneficio del usuario, dicha regulación no puede pretender crear subsidios y pérdidas a las empresas cuando existen mecanismos como los ya implementados por las prestadoras sin impactar al sector», agrega.
Por su lado, la prestadora Claro, en carta que firma su director regulatorio, Robinson Peña Mieses, expresa que el servicio de itinerancia o «roaming» obedece a las reglas de libre mercado, «pues se sustenta en acuerdos de servicios entre prestadoras de diferentes países, con realidades de costos y regulaciones diferentes».
«Por esta razón era y es imposible, en términos jurídicos prácticos, imponer condiciones de precios por la vía legal o reglamentaria para estos servicios», destaca la citada empresa.
Sorpresa y preocupación. Señala que la solicitud al Indotel para eliminar el cobro del «roaming» le ha provocado sorpresa y preocupación, por cuanto en estos momentos cursa en el Congreso una iniciativa que promueve la imposición de un altísimo impuesto a los minutos de las llamadas internacionales que terminan en República Dominicana.
Indica que las tasas previstas en la normativa que busca el financiamiento del Sistema de Emergencia 9-1-1 (ya convertida en ley), atenta, entre otras cosas, con los logros alcanzados en las negociaciones con los operadores internacionales.
Aumentaría tarifa. Además, sostiene, ese impuesto pudiese repercutir en aumento de las tarifas de «roaming» y, por supuesto, añade, «en la desaparición de minutos a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico dentro del plan local».
Agrega que de aprobarse (ya se aprobó) la ley para sustentar el 9-1-1, se podría afectar todo el esfuerzo que ha venido desarrollando el sector para garantizar un servicio de «roaming» más transparente y económico al usuario dominicano.
El proyecto en cuestión está bajo estudio de la Comisión de Comunicación y Transporte, que dirige José Rafael Vargas, senador por la provincia Espaillat.