Ojalá que la orden de compras del presidente Luis Abinader, mediante el decreto 610-22, dirigida a las instituciones públicas para que adquieran productos agrícolas crudos con prioridad a los pequeños agricultores familiares y asociaciones o cooperativas, tenga la acogida que desea el mandatario.
Ese tipo de compras ha sido sugerido en varias ocasiones en esta columna. Hemos sugerido que para que esas compras tengan más efectividad se construyan sencillos centros de acopio (enramadas abiertas) en puntos estratégicos de las comunidades rurales, en donde sean retirados los productos por camiones medianos, previa coordinación para evitar que se dañen.
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Se puede hacer con la supervisión de la Contraloría, porque con Compras y Contrataciones Públicas se puede complicar con el proceso burocrático. Esas compras deben incluir a los productores pequeños de todo el país. Eso lo puede organizar el Ministerio de Agricultura, Inespre, el Instituto Agrario Dominicano, Idecoop, Supérate, el Banco Agrícola, el Feda e instituciones privadas, como la Junta Agroempresarial Dominicana y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios que tienen en sus planillas a productores agrícolas y pecuarios chiquitos.
La disposición del presidente Abinader está muy bien intencionada debido a que va dirigida a mejorar la calidad de vida de esa legión de pequeños agricultores que tienen poca oportunidad de vender sus productos con beneficios. Una gran cantidad de productos agrícolas y frutales, como mango, guayaba, aguacate y otros se pierden en nuestros campos, señor Presidente.