BOGOTA (AFP) – Los más emblemáticos jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron capturados este miércoles por orden del presidente colombiano, Alvaro Uribe, en un hecho que, justificó, “es un esfuerzo” para que la negociación con estos escuadrones “gane credibilidad”.   

Los arrestos se produjeron en forma simultánea en “Villa Esperanza”, una hacienda cercana a Medellín (400 km al noroeste de Bogotá), en Santa Fe de Ralito, una aldea que sirvió de sede a las negociaciones (700 km al norte), Montería (800 km al norte) y en la cafetalera Pereira (340 km al oeste).

 Los detenidos son una decena de jefes paramilitares, entre ellos, Ramón Isaza, uno de los fundadores de las AUC; su ideólogo y ex líder político, Ernesto Báez, y el ex comandante militar Salvatore Mancuso, indicó a la AFP un alto funcionario de la Fiscalía.

   La detención se produjo después que el presidente Uribe reiterara este miércoles su llamado para que los paramilitares se pusieran a disposición de la Justicia o de lo contrario perderían los beneficios jurídicos concedidos en el marco de una negociación iniciada en 2003, entre ellos la no extradición.

   “Los procesos de paz salen adelante cuando ganan credibilidad. Estos (las detenciones) son esfuerzos para que este proceso salga adelante a través de ganar credibilidad”, dijo Uribe al término de una ceremonia militar en Bogotá.

   “Anoche me preguntaba el Comisionado (de paz, Luis Carlos Restrepo) si en los lugares de reclusión se pueden seguir las gestiones de paz. Por supuesto, pero la reclusión en esos lugares le da credibilidad al proceso, le quita cualquier suspicacia y es muy importante”, añadió Uribe.

   Mientras, el ministro del Interior, Sabas Pretelt, aclaró que los paramilitares detenidos no serán extraditados a Estados Unidos. “Para que haya credibilidad en esta negociación de paz, las personas a las que el gobierno suspendió la extradición no serán extraditadas”, señaló Pretelt.

   El comisionado Restrepo viajó hacia el mediodía de este miércoles (17H00 GMT) a Medellín y tras sostener una reunión con varios de los detenidos en el comando de policía de esa ciudad, leerá un comunicado en horas de la tarde, según dijo a la AFP una fuente del palacio de Nariño (sede presidencial).

   “Son los requerimentos que hace el señor presidente de la República y somos respetuosos de él, del gobierno, de la justicia. Son los compromisos que hicimos con ellos, con nuestras conciencias y con nuestro país”, dijo el ex jefe militar de las AUC, Salvatore Mancuso.

   El gobierno multiplicó en la última semana sus pronunciamientos señalando que los paramilitares desmovilizados acusados de delitos de lesa humanidad, debían ponerse a disposición de los jueces.

   El martes, Báez dijo que las AUC “recibían ese llamado con la mayor serenidad” y recordó a Uribe que tanto él como otros líderes de estos escuadrones venían cumpliendo las citaciones que les hace la Justicia colombiana.

   Uribe adoptó la decisión en medio de una gran presión por parte de sectores opositores, organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos para que acate un fallo de la Corte Constitucional que recortó los beneficios jurídicos a los paramilitares desmovilizados.

   De acuerdo con la ley de Justicia y paz, los paramilitares que dejen las armas recibirán penas de entre tres y ocho años de cárcel para todos los delitos que hayan cometido, incluyendo masacres de campesinos y civiles a los que acusaban de colaborar con las guerrillas izquierdistas.

   La Corte condicionó ese beneficio a que los paramilitares confiesen la totalidad de sus delitos e indemnicen a sus víctimas o a sus familiares, y además no les suma para la pena que reciban el año que pasaron concentrados —en el marco de la negociación— antes de entregar las armas.

   Por causa del fallo de la Corte, los paramilitares han advertido que el proceso se encuentra en estado “crítico”.