El procurador general de la República ordenó que sean sometidos a la justicia los adultos que tengan relaciones maritales, sentimentales, de noviazgo, enamoramiento o de pareja con niñas y adolescentes.
Jean Alain Rodríguez dijo sentirse profundamente indignado por la proliferación de los embarazos en niñas y adolescentes, por lo cual mediante oficio 03004, instruyó al personal del organismo que encabeza a ser más severo en la persecución de esos casos y someter a la justicia a cualquier persona que incurra en esta ilegalidad o que tenga responsabilidad penal a partir de la misma.
Rodríguez instruyó a los fiscales del sistema de niñas, niños y adolescentes para que sea mejorada la coordinación con las autoridades locales de salud y los responsables de centros hospitalarios, de manera que cuando se presente una menor embarazada, se levanten los datos y se proceda a identificar al adulto responsable para traducirlo a la acción de la justicia.
Asimismo indicó que el Ministerio Público procederá a identificar a los padres o tutores de las niñas y adolescentes que sean objeto de este tipo de abuso, para también ponerlos a disposición de la justicia, por violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
“Como padre me siento consternado con lo que está sucediendo en nuestro país. Cada vez más niñas y adolescentes, seducidas por hombres adultos irresponsables, acuden embarazadas a centros hospitalarios para traer al mundo niños y niñas que luego, sin tener culpa, sufren las devastadoras consecuencias de un ausentismo paterno”, expresó Rodríguez al indicar que actuarán con todo el peso que permite la Ley 136-03.
El procurador señaló que también instruyó a la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, que está a cargo de la procuradora adjunta Marisol Tobal, para que dé seguimiento a estas acciones a nivel nacional y le presente informes periódicos sobre su cumplimiento.
Mediante comunicado, la Procuraduría recordó que su titular respalda la modificación al Código Civil para que se fije en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, por considerar que el maridaje infantil atenta contra los valores supremos de los niños y adolescentes, como son el respeto a la dignidad humana y al bienestar social.