Muchos dominicanos están a favor o en contra del camino que el Estado escogió para la regularización de numerosos hijos de extranjeros que, reuniendo requisitos, quieren ser considerados como parte de esta nación en la que han estado todo el tiempo. Más allá de las disparidad sobre el proceso en marcha, existe el consenso de lograr una forma bien definida para nuestra demografía. Que la casa sea puesta en orden y que se expida la documentación que corresponda a cada caso en particular. Pero que en vez de un ejercicio de retroactividad, puro y simple, que se produzca un examen a conciencia de los excluidos sin caer en legalismos ni en la aplicación de exigencias xenófobas de perfección documental que no se corresponderían con la fragilidad y defectos históricos del propio sistema de registro, ese tal registro que está plagado de errores y significativamente destruido por el tiempo.

La ejecución de este proceso debe ser ejemplo de respeto a los derechos humanos y a los compromisos que el país ha suscrito con organismos para exaltar y reconocer a los hombres y mujeres del mundo como iguales en sus condiciones y oportunidades, por encima de las fronteras y las razas. Debemos reconciliar al país elevando la República, para reafirmarnos como colectividad homogénea, sin dar origen a una franja de seres dispersos por el territorio nacional sin verdadero nivel ciudadano y en conflicto con el resto de la población.

Hacia la armonía obrero-patronal

Ciertas voces del empresariado se muestran indefinidas sobre los objetivos a que aspirarían a la hora de discutir una modernización del Código de Trabajo. El sector laboral ha estado crispado por más de una señal (generalmente nebulosa) de que se oculta un empeño de, al menos, disminuir derechos adquiridos del trabajador.

Ya es hora de que los núcleos patronales despejen dudas. Se definan. Se les admite que por obsolescencia las relaciones del capital y el trabajo deberían ser cambiadas para manejar costos y estimular la productividad. Pero También es rigurosamente lógico que cualquier innovación debe servir para mejorar la remuneración y protección de quienes tienen que emplearse para vivir. La única forma justa e inteligente de sustituir el mecanismo de pasar al retiro después de una vida de trabajo tendría que venir de un acuerdo que conserve lo bueno de lo que ya que existe, o lo supere.