EL SEIBO. La Cámara Civil de El Seibo ordenó hoy a la Junta Central Electoral entregar la cédula de identidad a más de cien personas de ascendencia haitiana por entender que esa institución violentó sus derechos fundamentales.

La disposición fue dictada luego que más de un centenar de demandantes elevaran una acción judicial colectiva por presunta discriminación, violación del derecho a la salud, al trabajo y estudios, entre otras prerrogativas. La demanda fue interpuesta el pasado 27 de junio ante este tribunal por los abogados María Victoria Méndez y Natanael Santana Ramírez en compañía de 40 de los afectados involucrados en el caso.

Según los juristas, la sentencia ganada hoy y leída en presencia de varios de los afectados  en la provincia de El Seibo, al igual que las nueve sentencias ganadas a favor de esta causa, buscan restituir y reivindicar los derechos de los afectados y visibilizar la política de desnacionalización a la que es sometida esta población.

Con esta nueva sentencia, suman ya más de cien los descendientes de padres haitianos favorecidos a través del recurso de amparo interpuesto ante la JCE. Las demás órdenes  han sido dictadas en las provincias de San Pedro de Macorís, Higuey, La Romana, Santiago de los Caballeros y Monte Planta.

Según el jurista demandante, Santana, la JCE debe acoger al pie de la letra las disposiciones del tribunal y “no continuar la persecución contra estos dominicanos, como ha sucedido luego de efectuarse los fallos a favor de los demandantes”.

“Bajo el argumento de la depuración del registro civil instaurado a partir del 2007 y avalado en la Resolución 12 de la JCE, hoy miles de dominicanos de ascendencia haitiana son discriminados y violentados al no poder estudiar, casarse, viajar ni obtener la cédula” explicó el jurista.

Los abogados entienden que esta sentencia, que aun no ha sido firmada por razones ajenas a la voluntad del juez, reconoce que el derecho que asiste a dominicanos  está consagrado tanto en la Carta Magna como en los acuerdos internacionales de los cuales el Estado dominicano es signatario.