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CHICAGO (AFP).- Una jueza estadounidense ordenó ayer, jueves, detener el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial puesto en práctica por el gobierno del presidente George W. Bush para luchar contra el terrorismo, tras alegar que el mandatario se extralimitó en sus poderes.
La jueza federal Anna Diggs emitió una orden judicial que prohíbe el programa de vigilancia, que ha sido usado para monitorear a millones de ciudadanos estadounidenses,
Nunca fue la intención de los artífices (de la Constitución) otorgar al presidente un control sin límites, particularmente cuando sus acciones ignoran ostensiblemente los parámetros claramente enumerados en la Declaración de Derechos, escribió Diggs en su fallo de 44 páginas.
La jueza respondió a una demanda presentada ante un tribunal federal de Detroit (Michigan, norte) contra la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), a pedido de periodistas, abogados, profesores y otros trabajadores que alegaban que no podían desarrollar su trabajo por miedo a que sus comunicaciones fueran monitoreadas.
La ACLU también demandará a las compañías telefónicas que participaron en el programa, al asegurar que violaron las obligaciones con sus clientes.
La NSA puso en práctica el programa de escuchas luego de los atentados del 11 de septiembre para monitorear las llamadas entre Estados Unidos y el extranjero, sin un mandato de la Justicia, lo que fue revelado en diciembre pasado por la prensa estadounidense.
El gobierno de Bush reconoció la existencia del programa, pero aseguró que se ajustaba a los poderes de guerra del presidente y que sólo tenía como objetivo a las organizaciones terroristas.
Nunca fue intención de los padres fundadores (autores de la Constitución estadounidense) darle al presidente un poder ilimitado, particularmente cuando sus actos desprecian de manera tan flagrante los principios establecidos en las enmiendas relativas a las libertades civiles, respondió la jueza en su decisión.
Según la Foreign Intelligence Surveillance Act, aprobada en 1978 y regularmente enmendada, el Congreso fijó las reglas que se deben seguir en materia de espionaje telefónico, y en este asunto, el presidente ha actuado indiscutiblemente de una forma prohibida por esa ley, estima Diggs.
La magistrada también rechazó una demanda del gobierno que le solicitaba declarar inaceptable el pedido de ACLU con el argumento de que el programa era un secreto de Estado.
El interés público es claro, estima Diggs en sus conclusiones. Se trata de defender la Constitución, agrega.
El gobierno no decidió aún la respuesta que dará al fallo, declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Justicia.
Decenas de demandas fueron presentadas contra las empresas telefónicas sospechosas de haber colaborado con la NSA. La semana última 17 de ellas fueron acusadas ante un juez federal de San Francisco.
La decisión de hoy es una victoria que quedará marcada en (la lucha) contra los abusos de poder que se convirtieron en señal distintiva de la administración Bush, declaró en un comunicado Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU, una influyente organización de defensa de los derechos civiles.
El hecho de que el gobierno espíe a estadounidenses inocentes sin ningún mandato (judicial) y sin la autorización del Congreso es contrario a los propios fundamentos de nuestra democracia, agregó.
